Una propuesta para que las personas deban asumir parte de los costos económicos de operativos extraordinarios de búsqueda y rescate, cuando estos sean provocados por conductas dolosas o de culpa grave, ingresó a tramitación legislativa este martes.
Se trata de un proyecto de ley presentado por la diputada Macarena Santelices, que busca modificar la Ley N°20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, incorporando un régimen de responsabilidad civil por los gastos que generen este tipo de emergencias.
La iniciativa apunta a situaciones en que una persona provoque directamente la necesidad de desplegar recursos de búsqueda, rescate o salvamento debido a una conducta particularmente negligente o deliberada, en actividades turísticas, deportivas o recreativas desarrolladas en entornos naturales.
Entre los escenarios que podrían ser considerados por los tribunales se encuentra el ingreso deliberado a zonas cuyo acceso esté expresamente prohibido por motivos de seguridad, la desobediencia consciente de órdenes de evacuación y el incumplimiento de advertencias oficiales sobre peligros graves y previsibles.
También se contempla el incumplimiento deliberado de instrucciones obligatorias de seguridad y la entrega intencional de información falsa que provoque la movilización extraordinaria e innecesaria de recursos públicos de emergencia.
No se cobraría por accidentes fortuitos
Sin embargo, el texto establece que necesitar asistencia de emergencia no será suficiente para atribuir responsabilidad económica a una persona.
En ese sentido, precisa que sufrir un accidente, extraviarse, practicar una actividad de riesgo o requerir asistencia no constituirá por sí solo una presunción de dolo o culpa grave.
Para que proceda la restitución, deberán acreditarse la conducta imputada, el perjuicio patrimonial efectivo y la relación de causalidad entre ambos.
Asimismo, la eventual responsabilidad no podrá determinarse mediante un cobro automático, sino que deberá establecerse a través de una sentencia judicial firme.
Restitución tendría un límite
Respecto de los montos, el proyecto establece que las personas eventualmente responsables deberán restituir exclusivamente una parte de los costos públicos extraordinarios, directos, necesarios y debidamente acreditados.
La restitución no podrá superar el 30% de dichos gastos ni las 100 unidades tributarias mensuales (UTM), aplicándose el límite menor.
Para determinar la cantidad, el tribunal deberá considerar factores como la gravedad de la conducta, su contribución al gasto, las medidas de prevención adoptadas y la situación socioeconómica de la persona demandada.
Incluso, podrá reducir el monto, autorizar su pago en cuotas o eximir de la restitución cuando existan circunstancias excepcionales que lo justifiquen.
La propuesta también resguarda que las labores de emergencia no queden condicionadas por razones económicas. Así, ningún organismo podrá exigir pagos previos, garantías o compromisos de restitución como requisito para iniciar o continuar un rescate.
La acción para exigir estos recursos podrá ser ejercida por la entidad pública que haya soportado el perjuicio patrimonial.
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