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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La oposición espera presentar en los próximos días una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, posiblemente a más tardar el martes. El libelo apuntaría a presuntas vulneraciones de tratados internacionales, rebajas de condenas a condenados por crímenes de lesa humanidad, falta a la probidad e inejecución de una ley. Para reunir los votos, el sector mira al PDG. Además, diputados solicitaron información sobre 115 extranjeros condenados por narcotráfico que recibieron rebajas de penas y su eventual expulsión del país.

Los partidos de oposición proyectan presentar durante los próximos días la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Aunque la fecha aún no está definida, el martes asoma como el plazo máximo que se ha fijado el sector para ingresar el libelo.

El documento contemplaría cuatro ejes.

El primero apunta a una eventual infracción a tratados internacionales sobre protección de niños, niñas y adolescentes. El segundo cuestiona las rebajas de condenas y liberaciones de personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad, que habrían vulnerado compromisos internacionales.

A estos argumentos se suman una posible infracción al principio de probidad, por presuntas declaraciones falsas del ministro a la ciudadanía y a otro poder del Estado, y la eventual inejecución de la ley de rebaja de condenas, que, según la oposición, el gobierno estaría dejando sin aplicación en la práctica.

Los votos que podrían incluir la balanza en la AC contra ministro Rabat

Pero el desafío no termina con el ingreso del libelo. La mirada también está puesta en los 14 diputados del Partido de la Gente (PDG), cuyos votos podrían ser decisivos. Aunque la bancada apunta a votar en bloque, el diputado Juan Valenzuela no descartó dar libertad de acción a sus parlamentarios.

A este escenario se sumó una nueva arista.

La situación migratoria de 115 extranjeros condenados por narcotráfico que también recibieron rebajas de penas. Los diputados Juan Santana (PS), César Valenzuela (PS), Consuelo Veloso (FA) y Marcos Barraza (PC) oficiaron a Interior, Migraciones y la PDI para conocer qué ocurrió con estos beneficiados.

En particular, buscan establecer cuántos tenían órdenes de expulsión vigentes, cuántos fueron efectivamente expulsados tras recuperar su libertad y cuántos permanecen en el país. El diputado socialista Juan Santana explicó los alcances de esta solicitud.

De esta manera, mientras la oposición afina los argumentos jurídicos de la acusación constitucional y busca asegurar los votos para su aprobación, continúa ampliando los cuestionamientos a la gestión del ministro Rabat y exigiendo explicaciones al gobierno.