La oposición comenzó a delinear los argumentos jurídicos de la acusación constitucional que prepara contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la polémica por las rebajas de condena otorgadas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Tras una reunión entre presidentes de partidos, jefes de bancada y abogados del sector, el exministro de Justicia Jaime Gajardo detalló los principales fundamentos que se están considerando para sustentar el libelo, apuntando a eventuales responsabilidades constitucionales del actual secretario de Estado.
Este jueves, Gajardo comentó que uno de los principales cuestionamientos apunta a la eventual infracción e inejecución de la ley de rebaja de condenas, particularmente por la aplicación de las restricciones incorporadas en 2022 para excluir de este beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
Según explicó, la normativa debía aplicarse desde su publicación y de manera irrestricta, criterio que, a su juicio, fue respetado durante los gobiernos anteriores, pero que habría dejado de aplicarse bajo la actual administración.
En ese sentido, el exsecretario de Estado recordó que el artículo 52, número 2, de la Constitución establece la responsabilidad de los ministros cuando infringen la Constitución o las leyes, o cuando dejan de ejecutar estas últimas.
“Por una decisión administrativa y exclusiva del ministro de Justicia, el día de hoy hay 57 abusadores sexuales y violadores de niños en las calles”, dijo Gajardo, cuestionando la actuación de Rabat.
Eventual vulneración de convenios internacionales y falta a la probidad
Pero la inejecución de la ley no sería el único fundamento en evaluación. Gajardo también apuntó a una eventual infracción de convenios internacionales, particularmente aquellos relacionados con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
A ello se suma otro flanco: las rebajas de condena otorgadas a criminales de lesa humanidad. Según planteó el exministro, la jurisprudencia de los últimos años ha establecido restricciones para que este tipo de condenados acceda a beneficios de reducción de penas, lo que abriría un nuevo cuestionamiento a las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.
Un tercer argumento que estaría sobre la mesa es una eventual falta a la probidad por la entrega de información errónea a la Cámara de Diputadas y Diputados, en el marco de sus labores fiscalizadoras.
Gajardo acusó que el gobierno no ha transparentado todos los antecedentes solicitados por los parlamentarios y que, además, habría proporcionado información equivocada al Congreso respecto de las rebajas de condena.
“El gobierno no le puede entregar información errónea a la Cámara de Diputados, bajo ninguna circunstancia, y menos cuando está ejerciendo su labor fiscalizadora”, enfatizó.
El exministro advirtió que la falta de antecedentes también dificulta el trabajo de los abogados que están preparando la acusación constitucional, pues, a su juicio, el Ejecutivo debe entregar la información necesaria para que el Congreso pueda fiscalizar sus actuaciones.
Por ahora, estos serían los tres grandes ámbitos jurídicos que se encuentran bajo análisis y que podrían traducirse en tres o cuatro capítulos del libelo acusatorio. Por último, Gajardo indicó que los antecedentes generales ya están a disposición de los equipos jurídicos de las bancadas opositoras. Eso sí, aún no hay fecha para su presentación.
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