Enviando corrección, espere un momento...
La agresión rusa no busca solamente conquistar territorio. También pretende transformar la demografía, borrar una identidad nacional y modificar las condiciones que permiten la continuidad de Ucrania como Estado independiente.
En Chile todavía hay personas que pasan buena parte de su vida intentando responder una pregunta concreta: ¿quiénes eran realmente sus padres? Son hombres y mujeres que fueron separados de sus familias cuando eran niños y que, en algunos casos, terminaron adoptados en el extranjero mediante procedimientos irregulares. Décadas después, algunos han reconstruido su historia; otros continúan buscando sus orígenes. En Argentina, las Abuelas de Plaza de Mayo llevan décadas realizando una labor semejante para localizar a los niños apropiados durante la dictadura militar.
Aunque las circunstancias son diferentes, estas experiencias permiten reconocer una dimensión particularmente dolorosa de la violencia: la separación de los niños de sus familias y la intervención deliberada sobre su identidad.
Esta columna da continuidad a la serie de reseñas sobre Ucrania que he venido publicando en BioBioChile, dedicada a acercar a los lectores a voces que permiten comprender su historia, cultura e identidad más allá de la guerra, pues para entender lo que Rusia pretende destruir, también es necesario conocer la nación cuya existencia intenta negar.
La invasión rusa suele analizarse a partir de sus objetivos militares, la ocupación territorial y las negociaciones diplomáticas, sin embargo, esa perspectiva resulta insuficiente. La guerra no busca únicamente ampliar las fronteras de Rusia o controlar zonas estratégicas, forma parte de un proyecto que cuestiona y niega la existencia de Ucrania como nación independiente y que intenta modificar las condiciones que permiten su continuidad.
Un marco útil para comprender este proceso es el modelo de las diez etapas del genocidio desarrollado por Gregory Stanton, fundador de Genocide Watch. Su propuesta identifica mecanismos que pueden conducir a la destrucción de un grupo: clasificación, simbolización, discriminación, deshumanización, organización, polarización, preparación, persecución, exterminio y negación. No constituyen necesariamente una secuencia rígida y su utilidad consiste en mostrar que la violencia masiva no comienza con los asesinatos, sino que suele estar precedida por procesos políticos, administrativos y culturales que preparan el terreno.
En Ucrania, uno de esos mecanismos fundamentales es la negación de la identidad nacional. Vladimir Putin ha sostenido reiteradamente que rusos y ucranianos son “un solo pueblo” y ha cuestionado la legitimidad histórica de la independencia ucraniana. Esta narrativa permite presentar la soberanía de Ucrania como una anomalía, su cultura como una variante subordinada de la rusa y su orientación política hacia Europa como resultado de una intervención externa. Si Ucrania no constituye una comunidad nacional legítima, su independencia puede presentarse como un error histórico que Moscú tendría derecho a corregir.
La deshumanización del adversario y la representación de la identidad ucraniana como una construcción artificial contribuyen a justificar la agresión. No se trata solamente de propaganda dirigida al público ruso ya que esta visión también orienta las políticas aplicadas en los territorios ocupados. Allí, la sustitución de autoridades locales, la imposición de la administración rusa y la adopción forzada de documentos rusos forman parte de un ilegal proceso de incorporación política y cultural.
La educación es uno de sus espacios centrales. Los programas escolares se modifican para difundir la interpretación rusa de la historia, debilitar los vínculos con Ucrania y promover una identidad nacional distinta. A ello se suman las restricciones al uso público del ucraniano y las intervenciones sobre instituciones culturales y espacios de memoria.
La rusificación no depende únicamente de convencer a la población, también opera mediante la coerción y quienes se niegan a colaborar con las autoridades ocupantes pueden enfrentar amenazas, detenciones o la pérdida de sus medios de subsistencia. En esas circunstancias, aceptar documentos rusos o enviar a los hijos a escuelas controladas por la ocupación se convierte en una cuestión de supervivencia cotidiana, no de afinidad.
Uno de los aspectos más graves de esta política es la separación de niños ucranianos de sus familias y su traslado a Rusia o a territorios bajo control ruso. Organismos internacionales han documentado traslados, adopciones y procedimientos destinados a facilitar la integración de menores ucranianos en familias e instituciones rusas. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas ha examinado estos hechos y ha señalado la existencia de crímenes internacionales en distintos casos.
La cuestión no se limita al desplazamiento de menores durante la invasión, también importa lo que ocurre con su identidad, su lengua y sus vínculos familiares cuando son separados de su entorno y trasladados a un país que niega la existencia de la nación a la que pertenecen. La restitución de los niños y la reconstrucción de sus relaciones familiares serán, por ello, dimensiones fundamentales de cualquier proceso de reparación.
La ocupación tiene asimismo consecuencias territoriales y demográficas. En Crimea, anexada ilegalmente por Rusia en 2014, y en las zonas ocupadas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, Moscú ha impulsado políticas que incluyen la llegada de población procedente de Rusia, la salida de habitantes ucranianos y la transformación de las estructuras administrativas y económicas. Aunque no existen cifras completas que permitan establecer con precisión el alcance de estos procesos, sí es posible reconocer que la ocupación ha alterado profundamente la composición de esas sociedades.
La dimensión demográfica de la guerra debe analizarse considerando que Ucrania ya enfrentaba un prolongado declive poblacional antes de 2014, relacionado con las dificultades económicas de la transición postsoviética, la emigración y la baja natalidad. Su población pasó de unos 51,9 millones de habitantes en 1991 a aproximadamente 45,4 millones en 2014. Si bien no sería correcto atribuir esa reducción inicial a Rusia, la ilegal ocupación de Crimea y partes del Donbás, seguida por la brutal invasión a gran escala de 2022, introdujo nuevos factores que aceleraron el proceso.
Las estimaciones disponibles sitúan en unos 29 millones la población del territorio actualmente controlado por el Gobierno ucraniano, frente a los 37,3 millones estimados para ese mismo espacio en diciembre de 2019. A enero de 2026, alrededor de 5,6 millones de ucranianos se encontraban refugiados en el extranjero. Además, las muertes registradas superaron a los nacimientos en aproximadamente 1,47 millones entre enero de 2022 y junio de 2026. Estas cifras deben interpretarse con cautela: no existe un censo actualizado que permita conocer con precisión la población de los territorios ocupados y las estimaciones no siempre utilizan las mismas delimitaciones geográficas, aun así, muestran la magnitud del impacto demográfico de la agresión rusa.
La pérdida de población no es únicamente una consecuencia estadística, cada persona que abandona su hogar, cada familia separada y cada comunidad que queda bajo ocupación representa una ruptura en las redes sociales, culturales y económicas que sostienen la vida nacional. La destrucción de viviendas e infraestructuras, la presencia de minas y la incertidumbre sobre la seguridad dificultan el retorno de millones de personas. La guerra modifica así las condiciones materiales que permiten que una sociedad se reproduzca y mantenga sus vínculos.
Estos mecanismos se refuerzan entre sí. La ocupación facilita la rusificación administrativa; esta busca debilitar la identidad ucraniana; la persecución y la inseguridad impulsan el desplazamiento; y el desplazamiento contribuye a transformar la composición demográfica de los territorios ocupados. No son fenómenos independientes, sino dimensiones de una política que puede producir consecuencias mucho más allá del fin de las operaciones militares.
La discusión sobre si estos actos constituyen jurídicamente un genocidio exige distinguir entre la identificación de patrones y una determinación judicial. El modelo de Stanton permite reconocer mecanismos que pueden formar parte de un proceso genocida, pero no sustituye la evaluación de los tribunales ni demuestra por sí solo la intención específica exigida por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Genocide Watch ha sostenido que las diez etapas están presentes en el caso ruso-ucraniano y ha calificado el proceso como genocida. Esa evaluación merece atención, aunque deberemos esperar una sentencia de un tribunal internacional.
La precisión jurídica no debe convertirse, sin embargo, en una excusa para ignorar los hechos documentados. La separación de niños, la persecución por motivos de identidad, la imposición de estructuras administrativas, la rusificación de la educación y la transformación demográfica de los territorios ocupados forman parte de una política más amplia que busca debilitar la continuidad de Ucrania.
Para América Latina, donde la memoria de las dictaduras, las desapariciones forzadas y la apropiación de niños sigue presente en los debates públicos, la experiencia ucraniana ofrece elementos para reconocer la dimensión humana de estas políticas. No se trata de equiparar historias diferentes, sino de comprender que la violencia contra una sociedad puede dirigirse también contra sus vínculos familiares, su memoria, su lengua y la posibilidad de transmitir una identidad entre generaciones.
Ucrania no solo defiende su integridad territorial. También defiende el derecho de sus habitantes a decidir cómo organizar su vida política, qué lengua utilizar, qué historia transmitir y a qué comunidad nacional pertenecer. Por eso, una solución que contemple únicamente el control de determinados territorios, sin atender a la población desplazada, los niños trasladados y la rusificación de las zonas ocupadas, corre el riesgo de consolidar parte de los objetivos que la agresión rusa ha perseguido desde el comienzo.
