Cuando el ajuste fiscal amenaza la identidad cultural

Hay decisiones presupuestarias que revelan mucho más que las prioridades económicas de un gobierno. Revelan también qué compromisos está dispuesto a sostener y cuáles considera prescindibles. La incertidumbre que hoy enfrentan los hogares indígenas de educación superior plantea precisamente esa discusión: cuánto vale para el Estado chileno el derecho de los pueblos originarios a preservar su cultura y garantizar que sus jóvenes puedan estudiar sin renunciar a su identidad.

Durante las últimas semanas, como diputación nos hemos reunido con residentes de hogares mapuche de La Araucanía. Son jóvenes que dejaron sus comunidades y territorios para continuar sus estudios en Temuco y que hoy enfrentan una situación preocupante. Los recursos comprometidos para sus actividades culturales llevan meses sin ejecutarse, mientras las instituciones responsables no entregan respuestas claras sobre su destino.

Según los antecedentes que hemos recibido, entre junio y julio los proyectos culturales presentados por los hogares habrían sido rechazados sin una fundamentación formal. Los estudiantes también tomaron conocimiento, de manera extraoficial, de un supuesto instructivo interno que habría paralizado la ejecución de los fondos mientras se modifica el convenio entre Junaeb y Conadi. Una institución deriva las consultas a la otra y, mientras ambas eluden entregar certezas, los jóvenes siguen esperando.

Esta situación afecta a una organización que reúne a 16 hogares indígenas de educación superior a nivel nacional. En La Araucanía, los recursos comprometidos alcanzarían los 30 millones de pesos para seis hogares, incluyendo 15 millones destinados al Futxa Palin. En el norte, otros 15 millones permitirían realizar el Encuentro Inter Comunidades, una actividad con cerca de 17 años de historia que este 2026 estaría suspendida.

Conviene preguntarse qué significa realmente paralizar estos recursos. El palin constituye una expresión ancestral de encuentro comunitario, transmisión de conocimientos y fortalecimiento de los vínculos entre generaciones. Para quienes estudian lejos de sus territorios, estas prácticas permiten mantener viva una pertenencia que forma parte de su historia, su identidad y su manera de comprender el mundo.

Lo digo también desde mi propia experiencia. Fui residente de un hogar indígena y conozco lo que significa llegar desde el campo a una ciudad para estudiar, muchas veces lejos de la familia y de las redes que nos sostienen. En ese espacio encontré comunidad, aprendí a fortalecer mis raíces y comprendí que nuestra cultura podía acompañarnos en cada etapa de la vida. El kimün, nuestro conocimiento ancestral, también se transmite en esos encuentros cotidianos, en la convivencia, en la lengua y en la memoria compartida.

Los hogares indígenas han sido espacios de formación cultural, organización y pensamiento colectivo. De ellos han salido profesionales que hoy contribuyen al desarrollo de sus territorios y del país. Su existencia ha permitido que numerosos jóvenes de familias históricamente postergadas accedan a la educación superior y construyan sus proyectos de vida.

Por eso resulta especialmente preocupante que esta incertidumbre coincida con una propuesta presupuestaria que contempla nuevas reducciones en programas vinculados a los pueblos indígenas. El proyecto de Presupuestos 2027 considera una disminución real cercana al 10% en Becas Indígenas de Junaeb y una reducción similar en Residencia Familiar Estudiantil. A ello se suman ajustes de 10,1% en el Ministerio de las Culturas y una caída cercana al 30% en el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de Conadi.

Estas cifras merecen una discusión política profunda. El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar cómo pretende garantizar derechos y sostener políticas de reconocimiento cultural mientras propone reducir recursos en áreas directamente relacionadas con esos compromisos. La disciplina fiscal requiere criterios, transparencia y una evaluación seria de sus consecuencias, especialmente cuando afecta a comunidades que enfrentan desigualdades históricas.

Chile cuenta con obligaciones legales e internacionales en esta materia. La Ley Indígena contempla recursos públicos para becas destinadas a estudiantes indígenas y el Convenio 169 de la OIT establece compromisos de protección y promoción de los derechos educativos y culturales de los pueblos originarios. Esos compromisos deben expresarse en políticas públicas capaces de sostenerse en el tiempo.

Los hogares indígenas han sido fundamentales para abrir oportunidades a generaciones que históricamente han enfrentado barreras para acceder a la educación superior. Debilitar estos espacios significa retroceder en derechos conquistados tras décadas de organización y esfuerzo colectivo. El Gobierno debe comprender que sus prioridades presupuestarias también expresan una posición frente a los pueblos originarios. Y esa responsabilidad política no puede quedar diluida entre trámites administrativos y explicaciones fiscales.