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Esta semana estuvimos, una vez más, en el Congreso Nacional. Como Andime acompañamos la discusión del Presupuesto 2027 en la Subcomisión Mixta de Educación. Lo que escuchamos sobre los recursos para la Dirección de Educación Pública y los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) confirma nuestra preocupación: se está tratando a la educación pública como una cuenta que hay que cuadrar, y no como un derecho que hay que garantizar.
El Gobierno insiste en que la partida crece. Puede que las cifras globales suban, pero la letra chica dice otra cosa. El proyecto fija topes de horas docentes para cada SLEP, lo que abre la puerta a financiar menos profesores, y si un servicio los excede, su director ejecutivo arriesga sanciones. A ello se suman orientaciones que piden evaluar la fusión de cursos, restringir reemplazos y no reponer vacantes. En la subcomisión se habló abiertamente de recortes de docentes, de asistentes de la educación y de la salida de directores. Ningún aumento en una planilla compensa a un curso que se queda sin profesor.
Hay además un problema que no puede seguir pasando inadvertido. Los establecimientos cuyo traspaso a los SLEP se aplazó quedaron en tierra de nadie. Ya no cuentan con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que les permitía funcionar, y tampoco forman parte de un servicio local que responda por ellos. De los once SLEP programados para recibir colegios en 2027, el proyecto solo financia la operación de seis. ¿Quién se hace cargo de las demás comunidades educativas? No es un detalle administrativo: son estudiantes, familias y trabajadores que comenzarán el año sin certezas.
El ajuste tampoco se detiene en la educación escolar. La partida de la Subsecretaría de Educación Parvularia también se ve afectada por los recortes. En 2026 no se logró la meta de 120 reconocimientos oficiales de jardines infantiles, y para 2027 se exige alcanzar al menos 200, con menos recursos. Es grave que niñas y niños asistan a jardines sin reconocimiento oficial, y la situación puede complicarse aún más con la aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal.
Lo hemos dicho con claridad y lo repetimos: lo que proponen la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación es un error político garrafal. La educación pública no tiene otra fuente de recursos que el Estado. No puede cobrar, no puede seleccionar, no puede cerrar la puerta. Vive de lo que el presupuesto le asigna, y cuando ese presupuesto se estrecha, el ajuste lo pagan siempre los mismos.
Y esos mismos son quienes más necesitan de la escuela pública. A ella llegan niñas, niños y jóvenes de los territorios más golpeados por la desigualdad. Para ellos, estudiar es la herramienta más real para romper círculos de pobreza, de exclusión y, muchas veces, de violencia. Debilitar esa escuela no es ahorrar: es trasladar el costo a un país que después lamentará más deserción y menos oportunidades.
Detrás de cada SLEP, de cada escuela y de cada jardín hay funcionarias y funcionarios públicos que sostienen la educación con compromiso y, muchas veces, con recursos insuficientes. Recortar dotaciones bajo el argumento de la “sobredotación” desconoce ese trabajo. También alimenta la idea de que el Estado y sus trabajadores son un gasto prescindible. No lo son.
En septiembre caminamos hasta Valparaíso junto a otros gremios para decir que la educación pública se defiende unidos. Dijimos que esa sería la primera acción de muchas, y aquí estamos: en cada sesión, en cada partida, en cada glosa.
A las y los parlamentarios les pedimos tres cosas: que no aprueben recortes encubiertos, que aseguren recursos para los establecimientos que quedaron sin FAEP y para la educación parvularia, y que protejan a docentes, asistentes y directivos. Al Gobierno le pedimos que entienda que fortalecer la educación pública no se logra con tijera.
En nombre del directorio nacional de Andime y de todas las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguiremos defendiendo este presupuesto. Porque la educación es un derecho, y un país que recorta su escuela pública recorta su propio futuro.
María Beatriz Fuenzalida
Presidenta nacional de Andime
