En las últimas horas, el vocero Gonzalo Arenas dejó ver la estrategia del Gobierno para enfrentar la crisis por las rebajas de condena: reconocer la gravedad de lo ocurrido, mantener a Fernando Rabat al frente de las soluciones y buscar respaldo parlamentario ante la acusación constitucional. Una apuesta que tensiona al oficialismo, mientras La Moneda admite errores, pero sostiene al ministro que los cometió.

El último diagnóstico que entregó Gonzalo Arenas es grave: habla de una “catástrofe”, reconoce que el Gobierno está tensionado y admite que Fernando Rabat recibió advertencias sobre las consecuencias de conceder rebajas de condena. Pero la respuesta política que defiende sigue siendo la misma: mantener al ministro de Justicia y encargarle las soluciones.

En las últimas horas, el subsecretario vocero dejó expuesta la dificultad que enfrenta La Moneda. El Gobierno reconoce errores por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad, mientras intenta convencer de que esos errores no justifican la salida de quien encabezó las decisiones.

“Estamos tensionados”, reconoció Arenas, en una semana en que el presidente José Antonio Kast inició su gira europea con el conflicto abierto. Su señal fue dar por encauzada la respuesta política con el reconocimiento del error, la ratificación de Rabat en el Ministerio de Justicia y el encargo al propio ministro de liderar las soluciones, para luego retomar su agenda.

Gonzalo Arenas y la defensa del Gobierno a Rabat

Uno de los antecedentes más relevantes que entregó Gonzalo Arenas fue que el ministro Fernando Rabat recibió alertas sobre las consecuencias de su criterio para aprobar las rebajas.

“Después cambió de opinión y hubo dos reuniones en donde le dijeron: ‘mire, puede tener estas consecuencias, estas otras consecuencias’”, señaló.

La declaración añade una dimensión política a una defensa que el Ejecutivo ha sostenido principalmente sobre argumentos jurídicos. Según el propio vocero, hubo instancias para advertir los efectos de la decisión antes de que estallara la controversia.

“Ahí quizás tuvo que advertir para sentir un poco lo que era el plano político, pero él decidió, según su conocimiento, que la interpretación de la Corte era lo suficientemente sólida, madura y constante como para tener esa interpretación. Por supuesto que hubo un error político, si no, no estaríamos acá”, afirmó.

Arenas no detalló quiénes participaron en esas reuniones ni el alcance de las advertencias. Sus dichos, sin embargo, permiten establecer que Rabat mantuvo su interpretación después de ser alertado sobre posibles consecuencias.

Eso mismo ha vuelto más exigente la explicación sobre su continuidad: además de defender el fundamento jurídico de las rebajas, La Moneda sigue tratando de explicar por qué mantiene su confianza política en el ministro que tomó esas decisiones.

Asumir el error y seguir en el cargo

La respuesta de Arenas consiste en vincular la responsabilidad de Rabat con su obligación de corregir lo ocurrido: “Él (Rabat) siempre se ha dicho que él es el responsable, que cometió errores y que, por supuesto, que los va a corregir y esa es la labor y la misión que le ha otorgado el Presidente”, sostuvo.

Bajo esa lógica, asumir la responsabilidad significa permanecer al frente de las soluciones. Es precisamente el punto que divide al Ejecutivo de quienes, incluso dentro del oficialismo, consideran que el costo político debe incluir la salida del ministro.

Arenas defendió esa permanencia con un argumento práctico: “No va a ayudar en nada a la solución. Y el presidente le ha encargado a este ministro que sea parte de la solución en forma rápida, expresa y, por lo tanto, que consiga el objetivo político”.

Ofensiva política

Pero Arenas también cuestiona las intenciones de quienes mantienen el tema en discusión, en una especie de ofensiva política:

“Porque estos ataques políticos se hacen pensados. Se hacen meditados y por lo tanto se van desplazando o se van desplegando en el tiempo para tener la mayor cantidad de vitrina posible para una lucha política como la que la oposición quiere dar”, acusó.

Consultado sobre la gravedad de los antecedentes, respondió que “son gravísimos”. También recordó que el Gobierno asumió el error y que Kast pidió perdón públicamente.

“Cuando ocurren estas catástrofes, porque es una catástrofe, todos empiezan a deslindar responsabilidades. Pero esta era una jurisprudencia que estaba consolidada”, afirmó.

Pero la presión por la salida del ministro ya alcanzó al oficialismo. Las solicitudes de renuncia desde UDI y RN muestran que el conflicto también involucra diferencias sobre cómo el propio Gobierno debe enfrentar sus errores.

La defensa jurídica y los apoyos que necesita La Moneda

Ante la acusación constitucional, Arenas intentó llevar la discusión hacia los requisitos del mecanismo y pidió a los parlamentarios evaluar el caso desde ese marco.

“Nosotros no le estamos pidiendo lealtad al Gobierno, le estamos pidiendo lealtad a la Constitución. Aquí no se configura ninguna causal de acusación constitucional”, aseguró, expresando la postura del Ejecutivo.

Por eso, La Moneda enfrenta dos tareas simultáneas: reunir apoyos frente a la acusación y reconstruir la confianza en su manejo de la crisis.

Arenas también pidió tiempo para explicar las decisiones del Ejecutivo. “Cuando las pasiones bajen un poco y podamos explicar lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar, los errores que se cometieron y, en definitiva dar la cara como Gobierno y como país, sobre todo a las víctimas”, señaló.