La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) manifestó su rechazo tras la decisión de la Corte Suprema de remover de su cargo al juez Daniel Urrutia, dirigente de la entidad, acusando una vulneración en la libertad sindical, al debido proceso y de la independencia judicial.
Uno de los principales cuestionamientos, expresados a través de una declaración pública, apunta al fuero sindical que, según expone la OTJ, ampara a Urrutia en virtud del artículo 25 de la Ley n.º 19.296.
A juicio de la organización, esta protección impide que quienes ejercen labores de representación sindical sean separados arbitrariamente de sus funciones.
“Su desconocimiento o aplicación restrictiva constituye un precedente profundamente preocupante para el conjunto de las organizaciones sindicales del Poder Judicial”, escriben en la declaración.
La organización también puso en duda la proporcionalidad de la medida adoptada por el máximo tribunal, considerando los antecedentes del procedimiento disciplinario que enfrentó el magistrado por el uso de licencias médicas.
“Resulta difícil comprender que, respecto de hechos que ya fueron examinados por la Corte de Apelaciones de Santiago sin imponer sanciones, la Corte Suprema haya decidido aplicar la medida más extrema que contempla nuestro ordenamiento”, argumentan.
La situación, sostuvieron, plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica, el debido proceso y los criterios utilizados para determinar las sanciones disciplinarias.
Organización compara caso de Urrutia con situación del ministro Antonio Ulloa
Otro de los puntos planteados por la organización fue la diferencia de criterios que, a su juicio, se evidenciaría al comparar la remoción de Urrutia con la situación del ministro Antonio Ulloa.
La OTJ recordó los cuestionamientos que han rodeado a Ulloa por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo antecedentes relacionados con nombramientos judiciales, filtraciones de información reservada y eventuales faltas al deber de probidad.
“Pese a la gravedad de estos antecedentes, la Corte Suprema no reunió los votos necesarios para removerlo de su cargo”, reprocharon.
A partir de esa comparación, la entidad planteó dudas sobre la uniformidad de los criterios disciplinarios del máximo tribunal y llamó a esclarecer si las resoluciones responden exclusivamente a fundamentos jurídicos objetivos.
“La confianza pública en la justicia exige que las decisiones disciplinarias respondan a criterios jurídicos verificables y no den lugar a sospechas fundadas de tratamientos preferentes o discriminatorios”, señalaron.
Vinculan presión política y anuncian acciones
La declaración también vinculó la decisión con el escenario político actual, al señalar que representantes de partidos de derecha habían exigido públicamente la remoción del magistrado.
“La coincidencia entre estas exigencias y la medida finalmente adoptada hace aún más necesario que la Corte Suprema entregue fundamentos suficientes, transparentes y estrictamente jurídicos que permitan descartar cualquier influencia ajena al derecho”, cuestionó la organización.
Finalmente, expresaron su solidaridad con Urrutia, rechazaron su remoción y anunciaron que están disponibles para impulsar las acciones jurídicas e institucionales que correspondan, tanto a nivel nacional como internacional.
“La independencia judicial se debilita cuando la severidad de las decisiones disciplinarias parece depender de quién es juzgado y no exclusivamente de la gravedad de los hechos. La justicia debe aplicar los mismos estándares a todos sus integrantes, sin privilegios, favoritismos ni represalias”, culminaron.
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