La Contraloría General de la República dio un plazo de diez días hábiles a la Superintendencia de Pensiones para que informe sobre las medidas de fiscalización y control aplicadas a las AFP, en medio de la controversia por las millonarias pérdidas registradas en el Fondo E.
La solicitud responde a un oficio presentado por parlamentarios de la bancada DC, FRVS e Independientes, quienes buscan esclarecer si el organismo fiscalizador adoptó medidas oportunas para supervisar las decisiones de inversión de las administradoras y prevenir eventuales riesgos para los ahorros previsionales.
En su respuesta, Contraloría solicitó a la Superintendencia que “se sirva responder en el plazo de diez días hábiles lo solicitado en el oficio de fiscalización, remitiendo todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación”.
Pérdidas del Fondo E abren cuestionamientos a fiscalización de las AFP
El requerimiento se produce luego de que el Fondo E, considerado el más conservador del sistema de multifondos, acumulara una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026, en medio de pérdidas de valoración asociadas a operaciones con derivados financieros vinculados a las tasas de interés internacionales.
La controversia llevó a la Superintendencia de Pensiones a iniciar procedimientos sancionatorios contra las siete AFP, con el objetivo de determinar eventuales incumplimientos de sus obligaciones en la administración de los recursos.
Además, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para examinar la fiscalización ejercida sobre las administradoras entre 2018 y 2026.
En este contexto, el diputado Patricio Pinilla, integrante de la Comisión de Trabajo, cuestionó el rol del organismo regulador. “Pensamos y creemos que el Superintendente de Pensiones no hizo todo lo que podía hacer. Sin embargo, será la Contraloría la que resolverá previo informe de la propia Superintendencia”, afirmó.
El parlamentario agregó que estarán atentos a la respuesta, insistiendo en la necesidad de esclarecer las responsabilidades por las pérdidas y buscar mecanismos de compensación para los afiliados afectados.
Cabe precisar que el requerimiento de Contraloría no establece por sí mismo la existencia de irregularidades, sino que busca reunir antecedentes para evaluar la presentación realizada por los parlamentarios.
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