El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), cuestionó directamente al presidente José Antonio Kast y al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena otorgadas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.
El socialista contrastó las promesas de campaña del mandatario con las decisiones adoptadas por su administración: “Kast en su campaña prometió mano dura contra la delincuencia y hoy su gobierno libera a pedófilos y violadores de derechos humanos”.
“¿Al gobierno le importan realmente los niños? Los mismos que le niegan los computadores a los escolares le rebajan las condenas a los pedófilos”, dijo en La Tercera.
Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos por los 56 decretos de rebaja de condena para personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. La cartera defendió hasta ayer su actuación argumentando que la jurisprudencia de la Corte Suprema impide aplicar la exclusión incorporada en 2022 a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia.
Sin embargo, este viernes el Ministerio de Justicia echó pie atrás, y anunciaron la suspensión de nuevas tramitaciones de rebajas de condena.
Álvaro Elizalde a Fernando Rabat: “No estaba obligado a conceder estos beneficios”
Elizalde rechazó esa explicación y apuntó a la responsabilidad del ministro en la firma de los decretos.
“Rabat está tratando de sacarse los pillos, pero los hechos son claros: firmó decretos para liberar anticipadamente a pederastas condenados por la justicia. No basta con invocar una supuesta jurisprudencia para justificar las decisiones administrativas que son de su exclusiva responsabilidad, tal como afirmó la Presidenta de la Corte Suprema”, sostuvo.
El exministro también discutió que existiera una interpretación judicial uniforme que obligara al Ejecutivo a otorgar las rebajas.
“La supuesta jurisprudencia uniforme que invoca Rabat no es tal. Hay fallos en distintos sentidos, por lo que no se puede sostener que exista un criterio judicial único e inequívoco que obligue a conceder estos beneficios”, afirmó.
A su juicio, el Gobierno debía defender ante los tribunales la aplicación de la norma que excluyó de estas rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores.
Debate por la jurisprudencia
El socialista recordó que, como senador, apoyó la aprobación de la Ley 21.421. Según relató, durante su tramitación el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo que se aplicaría a las solicitudes posteriores a su publicación, independientemente de cuándo se hubiera cometido el delito o dictado la condena.
Desde esa interpretación, Elizalde marcó una diferencia entre cumplir una resolución judicial y utilizar su razonamiento para conceder beneficios a otras personas.
“Fernando Rabat no estaba obligado a conceder estos beneficios. Una cosa es cumplir una sentencia judicial dictada en un caso concreto y otra muy distinta es extender su criterio a terceros mediante actos administrativos y olvidando el efecto relativo de las sentencias”, señaló.
“Por dicho efecto las sentencias no se transforman automáticamente en una orden general para resolver todos los casos de la misma manera”, agregó.
El exministro sostuvo que las administraciones anteriores rechazaban estas solicitudes y defendían esa posición cuando los interesados recurrían a tribunales.
“Frente a una exclusión establecida expresamente por el legislador, lo razonable era no conceder administrativamente estos beneficios y defender esa decisión ante los tribunales si era impugnada”, zanjó.
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