El diputado Luis Cuello (PC) pidió la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por las 56 rebajas de penas concedidas a condenados a violadores y abusadores de menores e informó que recurrió a Unicef para alertar al respecto.
Asimismo, manifestó su rechazo tras darse a conocer que Justicia también redujo penas a condenados por crímenes de lesa humanidad, internos de Punta Peuco.
Tras lo anterior, el parlamentario calificó la situación como injustificable, apuntando directamente a la responsabilidad del titular de Justicia.
“El otorgamiento de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y también respecto de dos condenados por crímenes de lesa humanidad deja en una posición indefendible al ministro de Justicia”, afirmó.
Asimismo, Cuello cuestionó las declaraciones del secretario de Estado, quien, según sostuvo, fue “desmentido por la Corte Suprema”. Por ello, dijo que debe abandonar el cargo y adelantó que la oposición podría tomar otras medidas.
“Él fue desmentido por la Corte Suprema. A mi juicio, el ministro de Justicia debe dar un paso al costado, debe renunciar, sin perjuicio de las acciones que, como oposición, definamos en conjunto”, aseguró.
A ello, agregó: “En diciembre del año pasado, en el contexto de la campaña presidencial, un vocero del entonces candidato Kast señaló y aceptó que se otorgaran beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad”.
Parlamentarios recurren a Unicef
En ese contexto, señaló que, junto con un grupo de parlamentarios, recurrieron a Unicef para alertar de esta posibilidad.
“Unicef respondió señalando y ratificando que estos delitos tienen consecuencias profundas y también de largo plazo, y que, además, el Estado tiene la obligación de establecer sanciones que sean acordes a la gravedad de estos delitos”, sostuvo.
Cabe destacar que la controversia ha llevado a distintas fuerzas políticas a evaluar posibles cartas del asunto contra Fernando Rabat.
Entre las acciones, no se descarta una interpelación e incluso la presentación de una Acusación Constitucional.
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