Los senadores Arturo Squella, Andrés Longton y Pedro Araya ultiman los detalles de la reforma alternativa de seguridad que presentarán en el Congreso. La propuesta incorporará el concepto de “amenaza grave” como causal para declarar un Estado de Excepción Constitucional y dejará en manos de una ley la definición de las bandas criminales y de los regímenes especiales de seguridad penitenciaria.
Sin embargo, el camino hacia un acuerdo amplio no será sencillo. El Gobierno ha mantenido el suspenso sobre la decisión definitiva de retirar su propia reforma, mientras el Partido Socialista se desmarcó de un eventual acuerdo y manifestó su “profunda molestia” ante las informaciones que apuntan a un entendimiento con La Moneda.
Lo que sí está definido es que habrá una propuesta alternativa. Squella, Longton y Araya trabajan en conjunto en un texto que podría quedar listo durante esta jornada o, a más tardar, el próximo lunes.
Hasta ahora, la iniciativa no cuenta con el respaldo explícito del resto de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, aunque todavía resta la discusión de fondo y las conversaciones para intentar ampliar sus apoyos.
Según una minuta explicativa del borrador en elaboración, uno de sus principales cambios apunta a equiparar el crimen organizado con el terrorismo como conductas contrarias a los derechos humanos.
Además, la reforma entregará a una ley la regulación de la conformación y determinación judicial de la existencia de bandas criminales, junto con la elaboración de nóminas de estas organizaciones. También quedarán bajo regulación legal los regímenes especiales de seguridad penitenciaria.
Otro de los puntos centrales se concentra en los Estados de Excepción Constitucional. La propuesta permitirá declarar un Estado de Emergencia frente a una “amenaza grave”, con el objetivo de que el Estado pueda actuar antes de que una alteración grave del orden público o sus consecuencias ya se hayan materializado.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que se trata de un proyecto autónomo y explicó que el objetivo es construir una propuesta capaz de concitar el respaldo de la Comisión de Constitución.
“Ya derechamente estamos hablando de un proyecto autónomo, distinto del del Gobierno, en donde se nos sumaría el senador Araya. Una vez ingresado, se fusionaría con una reforma constitucional presentada por la senadora Vodanovic, en donde ya podríamos trabajar”, apuntó.
El PS toma distancia
La búsqueda de un acuerdo transversal, sin embargo, comenzó a encontrar sus primeras dificultades. Pese a los guiños hacia la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, para incorporar parte de sus propuestas al texto, la parlamentaria tomó distancia de la posibilidad de un entendimiento global.
Vodanovic sostuvo que no es necesario alcanzar un pacto en torno a la que denominó reforma “Longton-Squella” y recalcó que el Gobierno ya cuenta con herramientas constitucionales para decretar Estados de Excepción.
“De la llamada reforma Longton-Squella, quiero decirles que no es necesario tener ningún tipo de acuerdo para los parlamentarios en estas materias. Cada uno es libre de presentar los proyectos. El Gobierno tiene todas las herramientas hoy para poder decretar un estado de excepción constitucional. Este es un problema de voluntad política”, sentenció.
Pedro Araya, en tanto, aseguró que la intención es que el proyecto pueda ser suscrito por todos los integrantes de la Comisión de Constitución. El senador PPD precisó que el retiro de la reforma impulsada por La Moneda no constituye una condición para avanzar, aunque reconoció que sería una señal de “buena voluntad” por parte del Ejecutivo.
“La idea es que, si tenemos un acuerdo, este sea un proyecto que sea firmado transversalmente. Si eso no se logra, lo firmarán los que adhieran. No es condicionante, pero entendemos que un gesto de buena voluntad del Gobierno implica retirar un proyecto que es muy malo técnicamente y que no tiene respaldo ni siquiera en el propio oficialismo”, concluyó.
Gobierno mantiene en suspenso el retiro
Mientras Squella, Longton y Araya avanzan en el borrador, el Gobierno sigue sin despejar definitivamente qué hará con su cuestionada reforma de seguridad.
La incertidumbre se arrastra desde el lunes, cuando fueron los propios senadores oficialistas —tras ser informados por el Ejecutivo— quienes comunicaron que La Moneda retiraría la iniciativa. Desde entonces, el Gobierno ha evitado confirmar de manera definitiva esa decisión y ahora espera conocer el contenido final de la propuesta parlamentaria.
Al interior del Ejecutivo, además, conviven distintas posiciones. Fuentes de la Segpres y de Interior señalan que se está ponderando el costo político de retirar formalmente el proyecto y que existe otra alternativa sobre la mesa: simplemente no continuar con su tramitación y dejar que avance la reforma impulsada desde el Senado.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que el retiro sigue siendo una posibilidad, pero condicionó esa decisión al contenido que finalmente tenga la propuesta de los senadores.
“Eso es posible que ocurra en la medida en que tengamos una buena propuesta por parte de los senadores. Han llegado algunos textos y un mecanismo para avanzar en lo que hemos propuesto de una buena segmentación penitenciaria por parte de Gendarmería, quizás alguna modificación del Estado de Excepción de Emergencia”, indicó.
Socialistas niegan acuerdo con La Moneda por reforma de seguridad
La controversia escaló luego de que la bancada de senadores del Partido Socialista emitiera una declaración pública para rechazar “categóricamente” las versiones que apuntaban a la existencia de acuerdos entre parlamentarios de la colectividad y el Ejecutivo en materia de seguridad y migración.
El senador Juan Luis Castro descartó, además, que exista una negociación que contemple pedir el retiro de la reforma de seguridad del Gobierno a cambio de entregar los votos socialistas para respaldar la insistencia de la reforma migratoria.
“El Socialismo Democrático no ha concurrido a acuerdo alguno respecto de transar la caída de la reforma de seguridad a cambio de dar votos para resucitar la reforma por expulsión administrativa migrante. Lo natural es que el Gobierno la saque como ya está a punto de hacerlo, forzado por los hechos”, concluyó.
Este último proyecto agrega otro ingrediente a las negociaciones en el Senado. Tras su rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados, el Ejecutivo busca insistir con la iniciativa en la Cámara Alta, donde el quórum necesario se convirtió en un punto de discusión.
Si bien la Constitución establece que la insistencia de un proyecto rechazado por la cámara de origen requiere dos tercios, un criterio derivado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional abrió la discusión respecto de su aplicación tras los cambios introducidos a los quórums de reforma constitucional.
Bajo esa interpretación, y considerando que actualmente las reformas constitucionales requieren cuatro séptimos, la mesa del Senado resolvió aplicar ese criterio mientras espera un informe de la Comisión de Constitución.
Así, bajo el criterio adoptado hasta ahora, la insistencia requeriría 29 votos y no 33, un número que podría resultar determinante en las negociaciones que desplegará el Gobierno durante los próximos días.
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