Luego de que la Contraloría revelara importantes demoras en la tramitación de sumarios administrativos en la Administración Central del Estado, desde el Congreso buscan avanzar en medidas que permitan establecer responsabilidades y sanciones para los jefes de servicio. La diputada Joanna Pérez anunció que llevará el tema a la Comisión de Gobierno de la Cámara, donde además buscará extender la revisión a las municipalidades, que no fueron consideradas en las cifras dadas a conocer por el organismo contralor.
Luego de que Contraloría diera a conocer que 485 funcionarios públicos permanecen suspendidos de sus funciones y continúan recibiendo remuneraciones, el Congreso busca determinar responsabilidades y evitar que casos como estos vuelvan a repetirse.
El último Consolidado de Información Circularizada, elaborado tras consultar a 662 organismos públicos, reveló extensas demoras en la tramitación de estos procesos.
Hay casos que alcanzan los cuatro años y siete meses y, solo entre los diez de mayor duración, se habrían desembolsado cerca de 671 millones de pesos en remuneraciones.
Detrás de esta situación hay fiscales que han demorado años en resolver sumarios, cuando el plazo legal es de 60 días.
El director de la Escuela de Administración Pública UDP, Rodrigo Espinoza, aseguró que quienes están a cargo de estos casos, tanto el fiscal designado como el director del organismo pueden ser sancionados mediante un sumario por la extensa demora.
“Sí, existe riesgo de que las jefaturas pudieran caer en eventuales responsabilidades administrativas y ser también objeto de sumario”, advirtió.
Sin embargo, el director de la Escuela de Derecho U. Finis Terrae, Pablo Alarcón, precisó que para que eso suceda, se debería abrir otro sumario por parte de una autoridad superior.
“Hay una tardanza del fiscal, pero ¿es solo él el responsable? No, porque justamente quien lo designó como fiscal también eventualmente podría tener responsabilidad administrativa, pero para eso habría que hacer un nuevo sumario, esta vez contra el director del servicio”, explicó.
Diputados solicitaron al Consejo de Defensa del Estado evaluar posibles acciones civiles y penales contra quienes resulten responsables de las extensas demoras.
Uno de los impulsores, el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper, dijo que el Congreso debe asumir un rol fiscalizador ante este tipo de situaciones.
“Los chilenos miran con mucha rabia cuando se producen estas situaciones y acá tiene que haber una respuesta clara y contundente de parte de aquellos que estamos a cargo de la fiscalización”, enfatizó.
También, la diputada del Partido Demócrata Joanna Pérez señaló que la Comisión de Gobierno de la Cámara abordará el tema junto a Contraloría para ampliar la revisión a las municipalidades, que no fueron incluidas en las cifras conocidas.
“Aquí quedan fuera los municipios. Como presidenta de la Comisión de Gobierno vamos a tomar estos temas, vamos a invitar a la contralora y exigir buscar una solución para no malgastar los recursos públicos”, afirmó.
El desafío ahora estará en determinar qué cambios administrativos o legislativos son necesarios para evitar que los sumarios se prolonguen durante años. Desde el Congreso apuntan a establecer responsabilidades y avanzar en mecanismos que permitan acelerar estos procesos.
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