En medio de los preparativos de una Acusación Constitucional en su contra, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, desestimó las críticas de la oposición por la demora en la entrega de los decretos vinculados a las rebajas de condenas y aseguró no sentirse presionado.
En el Congreso Nacional, el secretario de Estado reiteró que contienen información sensible y que el Ministerio está realizando una revisión para evitar transgredir la ley.
Además, defendió su presencia en el Congreso y afirmó que seguirá participando de las instancias legislativas.
“Yo estoy muy contento de mi labor como ministro de Justicia. He venido, como ustedes son testigos, durante ocho meses prácticamente todos los días a la semana y lo voy a seguir haciendo”, aseguró.
En paralelo, la oposición continúa trabajando en la Acusación Constitucional contra Rabat, sin una fecha definida para su presentación.
Oposición sigue sin definir fecha para AC
Este martes, los jefes de bancada sostuvieron un encuentro para unificar criterios y avanzar en la revisión conjunta del libelo, en medio de las presiones que han surgido desde el propio sector para acelerar su ingreso.
Uno de los parlamentarios que ha cuestionado la demora es Jaime Araya, independiente de la bancada del PPD, quien sostuvo que el retraso le está dando tiempo al Gobierno para preparar su defensa.
“A mi juicio, ha habido una demora. Quizás se hubiese podido acortar los plazos para el ingreso de la Acusación Constitucional. Creo que las razones son las mismas del primer día”, explicó.
El jefe de bancada de los diputados de la DC, Jorge Díaz, explicó que el documento continúa en etapa de revisión y que los equipos jurídicos seguirán trabajando en él mientras los parlamentarios se encuentran abocados a la discusión de la Ley de Presupuestos.
Junto con ello, aseguró que “cada día que pasa se conocen nuevos antecedentes que agravan la situación del ministro Rabat”.
En paralelo, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, envió una carta a los partidos políticos en la que llamó a considerar la responsabilidad transversal del sistema político en la aprobación de la Ley 19.856, que permitió las rebajas de condenas.
Sobre la Acusación Constitucional, advirtió que antes de definir su voto es necesario revisar el contenido y los fundamentos jurídicos del libelo.
“Hay que actuar con más responsabilidad. Aquí hay que hacerse cargo de decisiones históricas en una materia tan relevante como la que señalo en la carta que tiene que ver con las rebajas de penas”, alertó.
De esta forma, mientras Rabat descarta sentirse presionado y defiende su gestión, la oposición sigue afinando los argumentos jurídicos de la acusación constitucional.
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