Un total de 485 funcionarios de la Administración Central se mantienen suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026, todos ellos recibiendo sus respectivas remuneraciones. Esto de acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 de la Contraloría General de la República (CGR).
La revisión no incluyó a las municipalidades y puso el foco en la duración de las suspensiones. Trece funcionarios acumulaban más de cuatro años apartados de sus cargos y otros 17 permanecían en esa condición desde hacía entre tres y cuatro años. En conjunto, 30 casos superaban los tres años.
La situación más extensa identificada por la Contraloría corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, suspendido por un período estimado de cuatro años y siete meses. Le siguen casos del Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.
El Estatuto Administrativo permite la suspensión preventiva durante una investigación disciplinaria. Sin embargo, cuando el sumario se extiende, la autoridad que lo instruyó debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras.
Ante los resultados, la Contraloría dispuso que los 30 sumarios con suspensiones superiores a tres años dejarán de ser tramitados por los servicios u organismos donde se originaron. La CGR continuará esos procedimientos y buscará determinar si existen responsabilidades de las autoridades que ordenaron las investigaciones y no controlaron oportunamente su avance.
Los organismos que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar, en un plazo de 15 días hábiles, el término de los sumarios, justificar fundadamente la continuidad de la medida o reportar acciones concretas para agilizar su cierre. También deberán iniciar procedimientos disciplinarios para establecer eventuales responsabilidades por las demoras detectadas.
Algunos realizaron otras actividades, otros estaban presos
El CIC además registró que 22 funcionarios suspendidos desarrollaron otras actividades remuneradas durante ese período, según antecedentes del Servicio de Impuestos Internos.
Asimismo, dos personas suspendidas cumplían una medida cautelar de prisión preventiva y, en otro caso, el fiscal que decretó una suspensión estaba en la misma condición.
El informe identificó, además, 20 funcionarios suspendidos cuyos sumarios estaban a cargo de un fiscal que ya no trabajaba en el servicio respectivo. También detectó decenas de casos de funcionarios suspendidos que viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego durante ese lapso.
Según los antecedentes recopilados, el Estado desembolsó $671 millones en remuneraciones asociadas únicamente a los diez casos con los períodos de suspensión más prolongados.
Como parte de las medidas posteriores a la revisión, la Contraloría emitió el Instructivo N°29, de 16 de septiembre de 2026. El documento recuerda que la suspensión preventiva, por regla general, no implica la pérdida de remuneraciones y debe mantenerse solo mientras sea necesaria para asegurar el éxito de la investigación.
La CGR subrayó que la etapa investigativa de un sumario no debiera superar los 60 días hábiles previstos en la normativa. Además, instruyó a los fiscales revisar periódicamente la necesidad de mantener la suspensión y levantarla cuando ya no exista riesgo para la indagación.
El organismo advirtió que prolongar la medida más allá de plazos razonables puede ser arbitrario, afectar los principios de eficiencia y celeridad administrativa y generar responsabilidades para quienes intervienen en la tramitación. En adelante, las resoluciones que decreten o dejen sin efecto una suspensión preventiva deberán ser informadas al Sistema de Acciones Derivadas, SIAD, para monitorear su duración y activar alertas de control.
Enviando corrección, espere un momento...
