VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Corte Suprema destituyó a 11 jueces por mal uso de licencias médicas, tras revisar cuadernos de viajes al extranjero durante esas licencias. Se resolvieron 37 casos, expulsando a 11 magistrados y rechazando la medida en 26 casos. La remoción se basó en "mal comportamiento", con votaciones divididas y proporcionalidad. Esta decisión podría marcar un criterio para futuras investigaciones, extendiendo el concepto a conductas personales graves. La intervención del Tribunal Constitucional en 13 casos suspendidos no implicó conflicto, sino control entre órganos estatales.

La Corte Suprema removió a 11 jueces tras revisar los cuadernos abiertos por viajes al extranjero durante licencias médicas.

El Pleno resolvió 37 casos: en 11 acordó la expulsión de los magistrados y en otros 26 rechazó esa medida, tras analizar los antecedentes de cada causa. Los otros 10 cuadernos fueron descartados por razones procesales o porque ya no correspondía analizar la eventual remoción de esos jueces.

Las remociones se sustentaron en el artículo 80 de la Constitución, que faculta a la Suprema a separar a los jueces por “mal comportamiento”. La decisión fue adoptada mediante votaciones divididas y, según explicó la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, se consideró la proporcionalidad de cada caso.

Sin embargo, la decisión podría marcar un criterio para futuras investigaciones disciplinarias. El abogado y académico de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, explicó que el concepto de “mal comportamiento” podría alcanzar conductas fuera de la función jurisdiccional.

Con este criterio, la conducta personal de un juez también podría ser considerada por la Suprema cuando comprometa gravemente la probidad o la dignidad del cargo.

Por eso, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet, valoró la severidad con que actuó el máximo tribunal.

Para el parlamentario, la decisión también podría ser una referencia para otros organismos públicos frente a incumplimientos de probidad.

Pero mientras se discute el alcance de este nuevo estándar, el proceso aún no está cerrado. Trece cuadernos de remoción quedaron suspendidos por requerimientos ante el Tribunal Constitucional.

En ese escenario, el abogado constitucionalista Felipe Lizama sostuvo que la intervención del TC no implicó necesariamente un enfrentamiento con la Corte Suprema, sino que formó parte de los mecanismos de control entre los órganos del Estado.

Así, el proceso continuará este lunes, cuando el Tribunal Constitucional escuche los alegatos de al menos cinco de los casos suspendidos. Lo que determine ese organismo será clave para establecer cómo seguirán esas causas y cuándo podrán volver a la Corte Suprema, que deberá definir entonces si mantiene los criterios aplicados en los casos ya resueltos.

La información es de Dominga Hernández