La Corte Suprema comenzará a despejar este viernes el futuro de los jueces sometidos a cuadernos de remoción por viajar al extranjero estando con licencia médica, tras una semana de alegatos y deliberaciones.
El Pleno de la Suprema comenzó esta semana la revisión sucesiva de los cuadernos de remoción, en un proceso que inicialmente contempló 58 expedientes. No obstante, estos pasaron a ser 48, tras diez suspensiones de los procesos ordenadas por el Tribunal Constitucional.
La revisión busca determinar, caso a caso, si existen antecedentes suficientes para aplicar la facultad de remoción contemplada en el artículo 80 de la Constitución, que permite al máximo tribunal poner término al cargo de un juez por mal comportamiento.
Según pudo conocer La Radio, en el máximo tribunal no se habría alcanzado el quórum de 11 votos necesarios para efectuar las remociones en cerca de 25 casos y, de momento, solo estarían confirmadas tres salidas.
Ahora, entre los expedientes, el del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, concentra particular atención. El magistrado ha sido cuestionado por dos viajes al extranjero mientras se encontraba con licencia médica, antecedentes que fueron analizados durante el procedimiento de remoción.
Sin embargo, su caso no quedó solamente en manos de la Suprema. La defensa también recurrió al Tribunal Constitucional, donde, en un segundo intento, se admitió el requerimiento de su defensa y se suspendió el proceso de remoción. Así, se abrió un segundo frente judicial respecto de las normas que sustentan este tipo de procedimientos.
Desde la Organización de Trabajadores Judiciales, su presidente, Marcelo Acevedo, ha sostenido que en el caso de Urrutia no existiría mérito para su remoción y que las salidas del país cuestionadas cuentan, a su juicio, con una justificación.
“Hay casos que van a ameritar la remoción y hay casos que no tienen mérito. Donde no hay mérito para la remoción es el caso más mediático, que es el caso del juez Daniel Urrutia, que, efectivamente, tiene dos salidas del país, pero esas salidas del país están justificadas”, aseguró.
El nudo jurídico entre el TC y la Suprema
La situación de Urrutia refleja uno de los principales nudos jurídicos que han acompañado esta revisión: mientras la Corte Suprema tiene la atribución constitucional para conocer y resolver los cuadernos de remoción, el Tribunal Constitucional ha comenzado a intervenir respecto de los requerimientos que cuestionan la normativa aplicada.
El académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, plantea que recurrir al TC constituye una herramienta válida de defensa y que no necesariamente responde a una estrategia dilatoria.
“Yo no diviso que haya un propósito dilatorio, sino que precisamente cautelar la observancia de garantías mínimas que plantea la Constitución sobre el punto”, postuló.
El abogado explica, además, que ambas instituciones tienen atribuciones distintas: el TC puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas, mientras que la decisión respecto de la remoción de un juez corresponde a la Corte Suprema.
Ese punto resulta especialmente relevante para los casos que fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional.
Las estrategias de los abogados
Ahora, algunos magistrados alcanzaron a presentar sus alegatos ante la Suprema antes de que sus expedientes quedaran paralizados, mientras otros procedimientos podrían seguir un camino diferente dependiendo de las resoluciones que adopte el TC.
El abogado Tomás Jordan, quien representa a una magistrada cuyo cuaderno también fue revisado por la Suprema, explicó que su defensa decidió mantener la vía ante el máximo tribunal y no continuar, por ahora, la tramitación de su requerimiento ante el TC.
“Hay dos situaciones: los que ya están suspendidos y los que eventualmente suspenda el tribunal en estos días, que ya se produjeron alegatos de algunos colegas. En esos segundos casos (…) podría impactar lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia (de la Suprema)”, advirtió.
La estrategia no ha sido idéntica entre todas las defensas. La abogada María Soledad Molina, representante del juez Óscar Pacheco, planteó durante esta semana que, una vez agotadas las instancias jurisdiccionales internas, incluso podría evaluarse recurrir a organismos internacionales para revisar las garantías del debido proceso.
“El núcleo que habilita a la Corte Suprema para poder habilitar estos procesos es el artículo 80 de la Constitución y su revisión requeriría de normas internacionales para revisar la pertenencia de la norma constitucional”, afirmó.
Caso Urrutia como “termómetro” del proceso
Así las cosas, el caso de Urrutia se transforma en uno de los principales termómetros del proceso: no solo por los antecedentes que debe ponderar la Suprema, sino también por el camino paralelo que tomó ante el Tribunal Constitucional.
Con los alegatos realizados, el Pleno se encuentra ahora en la etapa de deliberación y votación de los expedientes que permanecen vigentes. Las primeras decisiones serán comunicadas durante esta jornada, mientras los casos suspendidos deberán esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Será entonces cuando se conozca qué jueces deberán dejar sus cargos, quiénes lograrán mantenerlos y, en el caso de Urrutia, si su expediente tendrá finalmente una definición de fondo por parte de la Suprema o deberá continuar esperando el desenlace de la controversia constitucional.
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