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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó aumentar de 5 a 30 días el plazo para concretar las expulsiones administrativas de ciudadanos en calidad irregular en Chile. La propuesta de reforma constitucional busca enfrentar la estrechez de tiempo de las policías para realizar las expulsiones, con indicaciones votadas en sesión de la comisión. El presidente de la instancia, Jaime Mulet, destacó un acuerdo transversal en que el plazo actual es insuficiente. Diputados como Luis Sánchez y José Montalva plantearon preocupaciones sobre posibles colapsos en el sistema judicial y la necesidad de garantías de control judicial oportuno.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en particular la indicación que aumenta de 5 a 30 días el plazo para concretar las expulsiones administrativas de ciudadanos que se encuentran en calidad irregular en territorio nacional.

La norma se enmarca en la propuesta de reforma constitucional hecha por el Gobierno para enfrentar la estrechez de tiempo que tenían las policías para concretar las expulsiones de extranjeros, lo que fue sometido a indicaciones votadas en sesión de la comisión.

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Tras la respectiva discusión, el presidente de la instancia, el militante de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, afirmó que existe un acuerdo transversal en que el plazo actual es insuficiente.

“Creo que dentro del cuadro político que tenemos en esta comisión, por lo menos, a mí me llama a votarla a favor. Todos estamos de acuerdo en que el plazo de cinco días es insuficiente, yo creo que en eso hay absoluto acuerdo en esta comisión“, apuntó.

Diputados por plazo para concretar expulsiones

Por su parte, el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, ve un problema en los tiempos al fijar como límite los 30 días, pensando en el colapso que podría generarse en el Poder Judicial por la autorización de las renovaciones, pudiendo quedar los involucrados en libertad.

“Esto puede hacer muy probable que no logren pronunciarse dentro de plazo y que terminen estas personas libres“, afirmó.

Mientras que el diputado del PPD, José Montalva, afirmó que deben existir garantías de un control judicial oportuno, lo que se regiría por la Ley de Migraciones.

“Mi aprehensión es que una ampliación de la privación de libertad debe ir acompañada de un control judicial oportuno que dé garantías de aquello. El ministro se comprometió a avanzar por vía legal en mecanismos que permitan agilizar esas revisiones judiciales“, señaló.

En la práctica, en particular, fue aprobado extender el plazo para retener a extranjeros irregulares de 5 a 30 días, con la posibilidad de tres renovaciones bajo autorización judicial, algo que podría ser mejorado en la discusión legislativa y la votación en general.