La Justicia revocó la medida cautelar de prisión preventiva y decretó arresto domiciliario total para el exasesor de Joaquín Lavín León, Arnaldo Domínguez, tras permanecer privado de libertad durante cuatro meses. El Ministerio Público no se opuso a lo resuelto por el tribunal, apuntando a que están enfocados en cerrar la investigación.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió sustituir la medida cautelar de prisión preventiva de Arnaldo Domínguez por arresto domiciliario total, en el marco de la audiencia de revisión de cautelares solicitada por su defensa.
El imputado por fraude al fisco y exasesor de Joaquín Lavín León fue formalizado el pasado 4 de mayo y se mantuvo privado de libertad durante casi cuatro meses, donde permaneció inicialmente en la cárcel de Santiago 1 y luego fue trasladado, en agosto, hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
El tiempo que llevaba recluido fue uno de los principales argumentos planteados por su defensa, que también expuso las responsabilidades de Domínguez como padre, particularmente para acompañar a su hijo en diferentes terapias.
Con la resolución judicial, el ex mano derecha de Lavín León deberá cumplir arresto domiciliario total en su casa de la comuna de El Monte, además de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados.
El abogado defensor de Domínguez, Pablo Araya Zacarías, valoró la resolución del Tribunal.
“La medida cautelar de arresto domiciliario total por el momento es adecuada, sin perjuicio de ir obteniendo unas rebajas con posterioridad”, subrayó.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, que lidera la investigación, señaló que no se opuso a la petición de la defensa, considerando que el principal imputado en la causa, el exdiputado Lavín León, obtuvo una rebaja de cautelares en la Corte de Apelaciones de Santiago. El Ministerio Público apuntó además a que está enfocado en cerrar la investigación, acusar e ir a juicio.
Abogados penalistas consultados por La Radio explicaron que la decisión de la Fiscalía de no oponerse al cambio de cautelares responde al escenario actual de la investigación y a que una medida menos gravosa no afecta el desarrollo posterior de la causa. Así lo señalaron los abogados Pablo Larredonda y Esteban Celis.
“Al parecer, se habría negociado una ampliación del plazo de investigación. Claramente, la defensa estaba en condiciones de poder negociar de manera satisfactoria con el Ministerio Público una cautelar de menor intensidad”, sostuvo Larredonda.
“No tiene ninguna implicancia posterior, porque efectivamente lo relevante en todos estos casos es ir al juicio oral y determinar ahí las responsabilidades penales que le asistan a cada persona”, explicó Celis.
Junto con modificar las medidas cautelares, el Tribunal amplió en 90 días el plazo de investigación, periodo en el que el Ministerio Público deberá concluir las diligencias pendientes y definir los próximos pasos de la causa.
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