Enviando corrección, espere un momento...
Tres condenados por la Operación Cerbero, que permitió incautar 3,5 toneladas de marihuana, se querellaron contra el fiscal Maximiliano Krause para esclarecer si funcionarios policiales ingresaron a la carpeta reservada utilizando sus claves institucionales.
La historia comenzó en 2021, cuando una operación internacional permitió incautar 3,5 toneladas de marihuana y terminó con diez ciudadanos colombianos condenados. Ahora, tres de ellos apuntan contra el fiscal que encabezó la investigación.
Se trata de Maximiliano Krause, persecutor de la Fiscalía de Valparaíso, quien reconoció haber compartido sus credenciales del sistema del Ministerio Público con funcionarios de inteligencia de la Armada.
Los condenados presentaron una querella para esclarecer si esas claves fueron utilizadas para ingresar a la carpeta reservada de la Operación Cerbero y, de ser así, qué consecuencias pudo tener sobre la investigación.
La acción fue dirigida al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por Francisco Vélez Feijó, César Bolaño Calderón y Carlos Buitrago Ocampo, actualmente recluidos en distintos recintos penitenciarios.
“Si los funcionarios de la Armada fueron testigos y también tuvieron acceso a información privilegiada, claramente está contaminada la investigación”, dijo el abogado que representa a los condenados.
La querella ya fue declarada admisible.
¿Quién entró a la carpeta?: presentan querella contra fiscal Krause
El caso tomó otra dimensión a fines de 2024. En medio de las indagatorias por las filtraciones del caso Monsalve, Maximiliano Krause reconoció que desde 2021 había facilitado sus claves a tres integrantes de la Dirección de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de la Armada, DIPOLMAR.
La fecha encendió las alertas de los condenados: ese mismo año, la unidad naval trabajaba junto al fiscal en la Operación Cerbero.
El fiscal Maximiliano Krause reconoció en 2024 que había autorizado el uso de su cuenta institucional a “a lo menos tres funcionarios policiales”. Entre ellos identificó a dos integrantes de la Policía Marítima con quienes trabajaba en investigaciones sobre cargas sospechosas de contrabando, drogas y armas. Según su declaración, estas credenciales eran utilizadas desde 2021. Uno de esos funcionarios admitió haber ingresado con la cuenta del fiscal a la carpeta del caso Monsalve “por curiosidad”. Los hechos dieron origen a investigaciones penal y administrativa.
La querella no acredita que los funcionarios hayan entrado a esa carpeta específica, precisamente busca averiguarlo mediante los registros de accesos, horarios, direcciones IP, equipos, descargas y posibles modificaciones realizadas entre julio de 2021 y marzo de 2024.
También solicita que Krause declare como imputado, interrogar a los funcionarios navales y realizar un peritaje informático independiente.
Condenados buscan una eventual revisión de las condenas
El abogado querellante, Ricardo Bravo Cornejo, explicó a BioBioChile que la acción apunta a determinar si existe responsabilidad penal del representante del Ministerio Público.
“Creemos que cualquier acción que se desvíe del principio de objetividad del Ministerio Público afecta en las investigaciones, sobre todo en investigaciones muy complejas donde informantes o funcionarios policiales prestaron declaración posteriormente”, señaló.
Según el abogado, si funcionarios que posteriormente fueron testigos también accedieron a información reservada, la investigación podría estar “contaminada”.
“Una investigación con ese tipo de característica evidentemente podría repercutir en una revisión de sentencia”, sostuvo.
Bravo agregó que buscan individualizar a las personas que utilizaron las credenciales y aclarar qué ocurrió tanto en Cerbero 1 como en Cerbero 2, causas que —explicó— tienen características diferentes.
La querella pide investigar eventuales delitos de tráfico de influencias, violación de secreto funcionario, abuso contra particulares, acceso ilícito informático, obtención indebida de datos y obstrucción a la investigación.
Consultados en el Ministerio Público, declinaron referirse al tema.
