La decisión del Tribunal de Garantía de Iquique de ordenar el retorno de cuatro integrantes del denominado “Clan Chen” desde la cárcel de alta seguridad La Laguna, en Talca, hasta el penal de Alto Hospicio abrió un nuevo foco de críticas dentro del oficialismo, desde donde parlamentarios cuestionaron los efectos que la medida podría tener en la estrategia contra el crimen organizado.
El traslado había sido concretado hace dos semanas, en el marco de la denominada “Operación Cancerbero”, debido a la peligrosidad atribuida a los integrantes de esta organización.
Sin embargo, el tribunal resolvió acoger un recurso luego de considerar que el informe evacuado por Gendarmería no cumplía con el estándar requerido para sustentar la medida operativa.
Oficialismo apunta a un eventual vacío entre seguridad y justicia
Los cuestionamientos de los parlamentarios oficialistas coinciden en advertir que la decisión judicial podría tensionar la estrategia del Gobierno para mantener aislados a integrantes de organizaciones criminales de alta peligrosidad.
Desde la UDI, los diputados Ximena Naranjo y Eduardo Cretton advirtieron que la resolución puede terminar debilitando las medidas impulsadas para aislar a organizaciones criminales.
“Si los tribunales siguen acogiendo recursos para que bandas de crimen organizado vuelvan a cárceles inseguras, no existe plan de seguridad que resulte”, señalaron.
Naranjo sostuvo que el Estado ha avanzado en la implementación de recintos penitenciarios de alta seguridad precisamente para impedir que internos considerados peligrosos continúen coordinando actividades delictuales desde las cárceles.
“Resulta contradictorio que, mientras se busca fortalecer esta estrategia, decisiones judiciales terminen permitiendo el regreso de integrantes de organizaciones criminales a recintos donde existe mayor riesgo de que mantengan sus redes”, afirmó.
Cretton, en tanto, apuntó a la necesidad de que las distintas instituciones actúen de manera coordinada frente a las organizaciones criminales. “Estamos hablando de bandas que han demostrado tener capacidad para seguir operando y coordinando delitos desde los propios recintos penitenciarios”, sostuvo.
Oficialismo critica “normativas garantistas” por traslado de Clan Chen
Los cuestionamientos también fueron planteados por los diputados oficialistas del Partido Republicano Cristián Araya, Chiara Barchiesi y Enrique Bassaletti, integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara.
Araya calificó la “Operación Cancerbero” como un éxito, pero consideró que la resolución judicial demuestra, a su juicio, la necesidad de modificar el marco legal.
“Un revés judicial, producto tanto de un sistema judicial como de normativas garantistas, llevan a la necesidad de que modifiquemos las leyes y la Constitución”, afirmó el parlamentario, quien agregó que “necesitamos tener unidad al combatir el crimen organizado”.
Barchiesi cuestionó que los integrantes del clan regresen a Alto Hospicio, recinto que, sostuvo, no cuenta con los mismos estándares de seguridad que la cárcel de Talca. Además, recordó que la organización es investigada por delitos como estafa, extorsión y lavado de activos.
“Tenemos la legítima duda si continúan cometiendo este tipo de delitos desde el interior de la cárcel de Alto Hospicio”, planteó.
Bassaletti, por su parte, llamó a la Fiscalía a apelar la decisión y sostuvo que los imputados deberían continuar en La Laguna. También apuntó a la necesidad de que futuras operaciones cuenten con toda la documentación requerida para evitar nuevos reveses judiciales.
El debate sobre las atribuciones
En medio de las críticas políticas, la abogada penalista y docente de la Universidad UNIACC, Doris Espinoza, puso el foco en el alcance de las facultades de los tribunales y de Gendarmería.
“Desde la perspectiva del derecho penitenciario, esta resolución genera un problema grave de competencias”, sostuvo, argumentando que el Decreto Ley 2.859 entrega a Gendarmería la gestión y distribución de la población penal.
A juicio de la académica, el rol del juez de garantía es “tutelar garantías fundamentales”, pero no intervenir en la administración ni en la seguridad de los recintos penitenciarios.
Espinoza advirtió además que el retorno de internos de alta peligrosidad al recinto donde mantenían sus redes de operación podría afectar la estrategia contra el crimen organizado, la seguridad de la Región de Tarapacá y de los propios funcionarios penitenciarios.
Por último, la abogada señaló que existen vías para impugnar la decisión, entre ellas un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Iquique, eventualmente acompañado de una orden de no innovar, o un recurso de queja, respaldado por los antecedentes de inteligencia penitenciaria que sustenten el riesgo asociado al traslado.
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