Organizaciones de la sociedad civil llegaron este jueves 20 de agosto hasta la Contraloría General de la República (CGR) para defender la Norma Técnica Nº 259, que regula la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales. De acuerdo con las ONGs, el movimiento responde a una impugnación previa presentada por la Asociación Gremial Matronas(es) y Enfermeras(os) Matronas(es) por la Vida (AMEMP) en contra de disposiciones de esta normativa.
La solicitud de la AMEMP, ingresada por su representante Carolina Antimán Echeverría, pidió la adhesión al escrito “Téngase Presente” presentado previamente por el Obispo René Rebolledo, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, en el contexto del Decreto N° 22 del Ministerio de Salud. Este decreto modifica el reglamento vigente (Decreto N° 67 de 2018) sobre el derecho a la objeción de conciencia profesional en casos regulados por el artículo 119 ter del Código Sanitario.
Ante ello, las agrupaciones ABOFEM, Corporación Humanas, MILES Chile y Fundación por el Derecho a Decidir sostuvieron que el asunto en discusión ante el organismo contralor excede un debate meramente procedimental. A su juicio, el corazón del conflicto reside en cómo se materializa en la realidad el acceso a un derecho que se encuentra consagrado en el marco legal chileno desde hace casi una década.
“No hace falta cambiar una ley para restringir un derecho. También se puede hacer modificando las reglas que determinan cómo ese derecho se implementa”, argumentó Luz Reidel, subdirectora de Programas de MILES Chile. La representante añadió que las restricciones más profundas no siempre requieren de grandes reformas legislativas, sino que también pueden avanzar mediante decisiones administrativas de apariencia técnica que terminan definiendo quién puede ejercer un derecho en la práctica.
Barreras del sistema
Las entidades advirtieron que la acción del gremio de matronas introduce nuevos obstáculos para una ley que arrastra dificultades desde su origen. Según las organizaciones, hay una brecha entre el alcance que la legislación pretende cubrir y su ejecución efectiva en los establecimientos de salud a lo largo del país.
De acuerdo con el VIII Informe de Derechos Sexuales y Reproductivos de MILES Chile, que recopila antecedentes de 73 recintos fiscalizados, entrega cifras que respaldan esta preocupación. Solo dos de esos establecimientos alcanzan la totalidad de los parámetros exigidos por la normativa; mientras que apenas ocho cuentan con protocolos de derivación para los casos en que el personal sanitario ejerce objeción de conciencia, a lo que se suman demoras en la atención y marcadas desigualdades territoriales.
“Si hoy todavía existen establecimientos que no cumplen integralmente con los estándares de la ley vigente, y solo una pequeña proporción cuenta con protocolos de derivación, la prioridad debería ser cerrar esas brechas, no agregar nuevas barreras al sistema”, sostuvo Reidel.
La subdirectora de Programas de MILES Chile planteó que corresponde cuestionarse qué problema de salud busca resolver esta impugnación y cuáles serán sus efectos sobre las personas que ya enfrentan las mayores dificultades para acceder a la atención.
Obligación del Estado frente a desigualdades territoriales
La directora de Corporación Humanas, Paula Salvo Del Canto, enfatizó que en un contexto donde persisten barreras para el acceso a la interrupción del embarazo, el Estado tiene el deber de garantizar que la ley se ejerza efectivamente en todo el territorio.
“Cualquier medida que dificulte su implementación puede profundizar desigualdades que ya existen en el acceso a esta prestación de salud”, señaló Paula.
Mientras que Florencia Pinto, directora de DDSSRR de ABOFEM, calificó cualquier intento por desconocer o debilitar la ley como una afrenta directa a la voluntad popular.
“Más del 70% de la ciudadanía respalda la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales según encuesta Activa e ICSO-UDP”, dijo Pinto. Agregó que la legislación vigente se ajusta a los estándares internacionales en salud pública y derechos reproductivos que el Estado debe garantizar sin dilaciones.
Cuestionamientos a “Escucha su corazón”
Las organizaciones también expresaron preocupación por la distancia que observan entre las prioridades de la ciudadanía y las acciones del oficialismo.
Mencionaron esfuerzos de parlamentarios oficialistas que, al igual que esta impugnación, buscarían trabar la aplicación de la ley, a pesar de que el presidente José Antonio Kast mantuvo entre sus promesas de campaña no retroceder en derechos sociales. Se refirieron en particular a iniciativas como “Escucha su Corazón”, que según una encuesta Criteria de julio de 2026, un 54% de las personas rechazó.
“Cambian los mecanismos, pero la dirección es la misma. Una impugnación aquí, un nuevo requisito allá, una modificación administrativa después: por separado pueden parecer discusiones técnicas; acumuladas, pueden transformar profundamente el acceso a un derecho”, sostuvo Reidel.
Del mismo modo, concluyó que “una ley por sí sola no garantiza atención. También la garantizan los protocolos, las derivaciones, los equipos de salud y las reglas que permiten implementarla. Debilitar esa infraestructura puede vaciar un derecho sin tocar una sola palabra de la ley”.
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