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Presidente Kast enfrenta críticas por recorte de recursos a Ley Cholito desde La Moneda, propuesta reduce en un 86% el presupuesto del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), generando controversia en el Congreso. Parlamentarios de oposición reaccionan ante la reducción de fondos, señalando impacto en municipios y acciones en terreno. José Antonio Kast reaparece nueve años después como único diputado que votó contra la ley, desatando debate político.
Nueve años después de quedar como el único diputado que votó contra la Ley Cholito, José Antonio Kast vuelve a quedar enfrentado a la normativa. Esta vez desde La Moneda y por una decisión presupuestaria: su Gobierno propone reducir en casi 86% los recursos del programa encargado de financiar su implementación.
El recorte abrió un nuevo flanco para el Ejecutivo en la discusión del Presupuesto 2027 y activó una ofensiva de parlamentarios de oposición, que buscarán revertir la decisión durante la tramitación en el Congreso.
Las cifras explican la magnitud de la controversia. El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dependiente de la Subdere, pasa de $3.635 millones en 2026 a solo $514 millones el próximo año, una caída de 85,8%.
El Fondo Concursable establecido en la propia Ley 21.020 tampoco queda indemne: baja desde $631 millones hasta un máximo de $150 millones, una reducción de 76,2%.
Pero el tijeretazo es todavía mayor cuando se mira cuánto dinero quedaría disponible para ejecutar acciones en terreno.
El recorte que llega al 95%
Mientras el programa pierde la mayor parte de sus recursos, los honorarios destinados a su administración no disminuyen. Al contrario: pasan de $210 millones a $216 millones para cinco personas.
Eso significa que ese ítem, que durante 2026 representaba cerca del 6% del presupuesto del programa, pasará a concentrar aproximadamente el 42% en 2027.
El ajuste termina golpeando principalmente los recursos restantes para transferencias a municipios y otras entidades. Allí la caída es desde aproximadamente $2.794 millones hasta cerca de $149 millones: un desplome de 94,7%.
Es justamente desde esos fondos que se pueden financiar acciones como esterilizaciones, vacunaciones, desparasitaciones, registros y campañas de educación sobre tenencia responsable.
Por eso, más allá del 86% que concentra la discusión política, la reducción de los recursos potencialmente disponibles para llegar al territorio bordea el 95%.
El voto de Kast que reaparece nueve años después
Ese escenario fue aprovechado por la oposición para desempolvar un episodio de la trayectoria parlamentaria del actual mandatario.
En mayo de 2017, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados votó el informe de la Comisión Mixta que permitió despachar la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, el resultado fue prácticamente transversal: 100 votos a favor, dos abstenciones y solo uno en contra.
Ese voto fue de José Antonio Kast.
El diputado independiente-PPD Jaime Araya utilizó ese antecedente para cuestionar directamente las motivaciones del Gobierno.
“Parece que el Presidente Kast todavía no le perdona a la Ley Cholito que haya sido aprobada pese a su voto en contra. Fue el único diputado que la rechazó y ahora, desde La Moneda, pretende quitarle el 86% de sus recursos”, afirmó.
Al respecto, Araya adelantó que buscará reponer los fondos durante la discusión presupuestaria y planteó que, si existen problemas en el funcionamiento del programa, la respuesta debería ser mejorar su ejecución y fiscalización.
“No estamos hablando de un recorte menor. Estamos hablando de prácticamente desmantelar el financiamiento de un programa que permite a los municipios desarrollar acciones concretas de cuidado y tenencia responsable”, sostuvo.
Oposición se rebela contra el recorte
Sin embargo, la ofensiva no quedó circunscrita a Araya. El diputado independiente de la bancada del Partido Comunista, Gustavo Gatica, también vinculó la decisión presupuestaria con el historial de Kast frente a la normativa.
“Esto no es nuevo: el diputado José Antonio Kast fue el único diputado que, en su momento, votó en contra de esta ley”, señaló.
Luego elevó el tono y acusó que el ajuste refleja una orientación más general de la administración: “Este, sin duda, es el Gobierno de los recortes, el Gobierno de los retrocesos”.
También reaccionó el diputado independiente de la bancada Socialista, Liberal y Radical Sebastián Videla, reconocido por su agenda animalista.
“Me da rabia e impotencia que se pretenda recortar un 86% del presupuesto de la Ley Cholito. Detrás de esta decisión hay animales abandonados, maltratados y sin voz”, cuestionó.
Videla aseguró que buscará frenar la reducción en el Congreso y llamó a generar presión para conseguir los votos necesarios.
“No podemos permitir que la indolencia haga retroceder años de avance en bienestar animal”, afirmó.
Asimismo, la diputada independiente de la bancada del Frente Amplio, Valentina Cáceres, se sumó a las críticas y emplazó directamente al mandatario a reconsiderar la propuesta.
“Lo que propone el presidente Kast es gravísimo e inédito, desfinanciar el programa de tenencia responsable en un 86%, pasando de 3.600 millones de pesos a solo 514”, sostuvo.
Cáceres también anticipó acciones durante la tramitación: “Nosotros, desde el Congreso, haremos todo lo que está a nuestro alcance para frenar este inédito recorte”.
Pero los cuestionamientos también comenzaron a aparecer desde las filas oficialistas. El diputado independiente de la bancada UDI, Hotuiti Teao, defendió la importancia de la Ley Cholito y sostuvo que, aunque requiere perfeccionamientos, se deben “cuidar y fortalecer los recursos que hoy existen para su implementación”.
El parlamentario manifestó su preocupación por lo contemplado en el Presupuesto 2027 y reveló que ya iniciaron conversaciones con el Ejecutivo para buscar una fórmula distinta. “Desde ya estamos dialogando con el Gobierno para que los recursos de este programa no tengan una reducción tan drástica”, afirmó.
Teao recordó además que ha impulsado un proyecto para incorporar desde temprana edad contenidos sobre tenencia responsable de animales en los establecimientos educacionales. A su juicio, la educación permitirá abordar el problema a largo plazo, pero advirtió que actualmente se necesita “una Ley Cholito fortalecida y con los recursos suficientes para hacerse cargo de una realidad que sigue afectando a nuestras comunas”.
La explicación de La Moneda por recorte a Ley Cholito
El Gobierno, sin embargo, tiene su propia explicación para el ajuste.
Desde la Subdere sostienen que el programa arrastra una falencia estructural: en diez años no habría sido evaluado y tampoco existiría un indicador que permita establecer su impacto efectivo sobre problemas como el abandono de animales, las jaurías o las mordeduras.
El Ejecutivo también asegura que “la inversión no se detiene”, debido a que existen alrededor de $3 mil millones en proyectos ya adjudicados que continuarán ejecutándose durante 2027. Junto con ello, se contemplan pilotos de focalización, un estudio de impacto y una revisión del programa en julio.
La propuesta, además, introduce cambios menos visibles en la glosa presupuestaria.
Desaparece la obligación de que la Subdere informe antes del 31 de marzo los criterios utilizados para distribuir los recursos y también se elimina una exigencia a la Subsecretaría de Salud Pública para reportar el cronograma y ejecución del programa.
Asimismo, el Fondo Concursable deja de contar con un monto fijo y queda establecido en “hasta” $150 millones.
Ley Cholito: Una nueva batalla por el Presupuesto
El impacto específico sobre cada comuna todavía es imposible de dimensionar. El proyecto no establece anticipadamente cuánto recibirá cada municipio, ya que esa distribución queda posteriormente en manos de la Subdere.
Pero la magnitud global del ajuste ya convirtió a la Ley Cholito en otro de los puntos de disputa del primer Presupuesto elaborado por la administración Kast.
La oposición anunció que intentará revertirlo y el Gobierno deberá defender no sólo por qué reduce en casi 86% el programa, sino también por qué, mientras los recursos disponibles para transferencias se desploman cerca de 95%, los gastos destinados a honorarios administrativos se mantienen prácticamente intactos.
Una discusión presupuestaria que, además, terminó reviviendo una votación que parecía enterrada en la historia legislativa de Kast.
En 2017 fue el único diputado que levantó la mano contra la Ley Cholito. Nueve años después, ya instalado en La Moneda, será su Gobierno el que deberá convencer al Congreso de aprobar el mayor recorte a los recursos que permiten financiarla.
