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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Duco se reunió con la Contralora General para entregar información sobre presuntas irregularidades en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Riveros, exgerente jurídico de la corporación organizadora del evento, ha sido designado como nuevo ministro, lo que ha provocado críticas por su relación con la entidad bajo auditoría.

El gobierno buscaba apagar un incendio con la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, pero el nombre del elegido para reemplazarla ya abrió los primeros cuestionamientos.

Según pudo conocer La Radio, solo horas antes de abandonar el gabinete, Duco se reunió con la contralora general, Dorothy Pérez.

En la cita, la exautoridad -según fuentes de este medio- entregó antecedentes sobre presuntas irregularidades en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La historia toma otro cariz porque su sucesor, Francisco Riveros, fue gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la corporación encargada de organizar el evento. Es decir, La Moneda recurrió a una persona que formó parte de la estructura hoy sometida a revisión.

Duco llegó a Contraloría antes de dejar el Gobierno

Natalia Duco llegó este jueves hasta las dependencias de la Contraloría General de la República para reunirse con Dorothy Pérez. Ante consultas de Bio Bio, el organismo fiscalizador confirmó que la cita se realizó:

“La exministra vino ayer a las 11.30 hrs a una reunión con la contralora general”, señalaron.

En la reunión abordaron temas de su ministerio, incluida la situación que la involucraba por el uso de un vehículo fiscal. Pero la conversación no quedó ahí. Duco también aportó antecedentes en el marco de una auditoría de la CGR al proceso de cierre y finanzas de los Juegos Panamericanos. En concreto, expuso presuntas irregularidades relacionadas con la realización del evento deportivo.

La reunión ocurrió pocas horas antes de que La Moneda confirmara su salida, luego de que utilizara un automóvil fiscal para asistir a una actividad con funcionarios que había sido informada como una reunión de trabajo.

El episodio también terminó con la salida del subsecretario Andrés Otero.

Francisco Riveros, el nuevo ministro

Para dar vuelta la página, el Gobierno escogió al abogado Francisco Riveros como nuevo ministro del Deporte. Sin embargo, su nombramiento viene con una mochila.

Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Riveros fue gerente jurídico y de Asuntos Corporativos de la Corporación Santiago 2023, precisamente la entidad que organizó los Juegos y cuyo cierre financiero está siendo revisado.

Con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, el abogado aterrizó en el Segundo Piso como asesor sénior de la Presidencia. Además, integró el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. Desde allí participó en la revisión de movimientos realizados por el Instituto Nacional de Deportes y el Ministerio del Deporte durante el gobierno de Gabriel Boric, incluidos antecedentes relacionados con Santiago 2023.

Así, Riveros pasó de formar parte de la corporación organizadora a integrar una instancia del nuevo Gobierno que examinaba sus movimientos. Ahora asumirá el control político del ministerio relacionado con esa estructura.

El cruce no pasó inadvertido en el entorno de Duco. Desde su círculo cuestionan que La Moneda la haya removido en medio de una polémica administrativa y decidiera reemplazarla por alguien que ocupó un cargo directivo en una corporación bajo auditoría.

Las cuentas pendientes de Santiago 2023

La auditoría tiene su origen en una solicitud presentada en diciembre de 2025 por la Comisión de Deportes de la Cámara. Los diputados pidieron revisar los gastos, transferencias y rendiciones de la Corporación Santiago 2023, que terminó su funcionamiento con obligaciones financieras cercanas a los $10 mil millones.

Las alertas, en todo caso, venían desde antes. En 2023, Contraloría ya había detectado rendiciones sin aclarar, entrega de nuevos fondos pese a la existencia de saldos pendientes y falta de control del IND sobre los recursos traspasados.