La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, resolvió solicitar una auditoría a la Contraloría General de la República respecto de los traspasos de recursos a la Corporación Santiago 2023 para la realización los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y sus respectivas rendiciones, además de la intervención del Consejo de Defensa del Estado frente al posible daño al patrimonio del Estado.
La decisión fue tomada tras la petición de la diputada Erika Olivera y del diputado Andrés Celis, debido al cierre formal de la Corporación de Santiago 2023 sin la entrega de informes de gestión, balances financieros ni documentación mínima que permitan conocer su situación real antes de su extinción legal.
La diputada Olivera recordó que la Corporación debía concluir originalmente su funcionamiento en 2024, pero que su vigencia fue extendida por un año más. Sin embargo, pese a este plazo adicional, en la sesión del 25 de noviembre donde asistieron el ministro del Deporte, el entonces director del IND y un representante de la Corporación: “no hubo ninguna memoria, ningún balance, ningún informe y ningún documento entregado”, dejando a la comisión sin información concreta sobre el estado financiero y administrativo de la entidad.
Deuda de Corporación Santiago 2023 es cercana a los $10 mil millones
La diputada detalló además que, según lo expuesto por los propios representantes de la Corporación ante la comisión y ante la consulta del diputado Andrés Celis, existiría una deuda con proveedores superior a los $9.000 millones, a lo que se suman pasivos asociados a juicios laborales que podrían bordear los $430 millones.
“La matemática no falla: nos estamos acercando a los $10 mil millones. Y pueden existir otras obligaciones entre medio”, advirtió Olivera, señalando que la extinción de la entidad deja en una posición incierta a quienes prestaron servicios, entregaron implementos o mantuvieron contratos vigentes.
La parlamentaria enfatizó que este no es un problema atribuible a un solo gobierno, sino a una estructura que atravesó tres administraciones, sin que hoy exista una delimitación clara de responsabilidades.
“La Corporación Santiago 2023 se extinguió el 26 de noviembre, y desde ahí en adelante sus responsables se lavan las manos. No hubo autocrítica, no hubo respuestas y no sabemos quién se hará cargo de las deudas”, afirmó.
“Probablemente será el fisco, porque los proveedores no se quedarán de brazos cruzados”, agregó.
Olivera recordó además que en 2014 y 2017 ocurrieron situaciones similares, y que en su trabajo previo en la Comisión Especial Investigadora por Santiago 2023 sus conclusiones fueron “duras y críticas”, pero dichos informes fueron finalmente rechazados, dejando al país sin un diagnóstico formal.
Solicitud de auditoría a Contraloría y eventual acción del CDE
Ante este escenario, la diputada solicitó que todos los antecedentes sean enviados a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la falta de información, el estado de las rendiciones y la situación financiera de la Corporación.
Asimismo, pidió que la contralora pueda asistir a la comisión para explicar qué información poseen actualmente y en qué etapa se encuentran las revisiones.
Finalmente, Olivera afirmó que, de detectarse irregularidades o eventuales perjuicios al fisco, el caso debe ser remitido al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe acciones legales.
“Esto debe quedar para la historia del deporte nacional. No podemos repetir una vez más el mismo patrón de desorden, falta de rendición y ausencia de responsabilidades”, sostuvo.
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