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Estamos viviendo una emergencia, lo tenemos claro y hay que asumirlo. Luego de años de un mercado laboral sometido, de manera lenta y acelerada en la última administración, a cada vez mayores restricciones y urgencias regulativas, se han endurecido y encarecido las condiciones de contratación. Nos encontramos con un desempleo estructural que bordea el millón de personas.
Tuvimos una posición clara de rechazo a leyes de la administración anterior, como la Ley de 40 Horas, y a pesar de que no nos opusimos a la Ley Karin, son normativas que han “conducido a aumentar el desempleo femenino”, desincentivando la contratación corporativa por temor a litigios judiciales sin fundamentos objetivos; riesgos que advertimos en su momento.
El desempleo golpea con mayor fuerza a las mujeres, registrando una tasa del 10,3%, en comparación con el 8,9% medido en los hombres. El fenómeno actual no se explica por personas buscando trabajo por primera vez, sino por un incremento masivo de personas cesantes (894.000 personas), y de no aplicar un plan de emergencia, quienes ahora tardan en promedio más de ocho meses en reincorporarse al mundo laboral formal, van a ir tardando cada vez más si el país no crece.
Las políticas laborales nos hacen recordar con nostalgia los períodos de pleno empleo de los noventa, frente al aumento de la desocupación nacional, que escaló al 9.5%, según cifras oficiales recientes del último reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta cifra representa el nivel de desocupación más alto en los últimos cinco años en el país.
El desempleo acumula 43 meses consecutivos por encima del 8% y cuatro meses sobre el 9%. En doce meses, la desocupación aumentó un 0,8% debido a que la fuerza de trabajo creció un 0,7%, mientras que la creación de puestos ocupados cayó un 0,2%.
Por otro lado, elevar los costos de contratación de manera gradual —como acordó la actual reforma al sistema de pensiones mediante un alza de cotizaciones a cargo del empleador— es “insostenible” ante el auge de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización, las cuales terminarán desplazando a los trabajadores y más aún si emplearlos se vuelve más costoso.
El presidente Kast instruyó la elaboración de un Plan de Emergencia Laboral de corto plazo, que busca implementar medidas inmediatas para los meses de octubre y noviembre de 2026. Su meta preliminar es generar más de 25.000 puestos de trabajo adicionales, antes de que termine el año, pero seguimos pensando que es insuficiente frente a la actual emergencia.
No se trata de “inventar la rueda”, sino avanzar hacia -por ejemplo- lo que podría ser un modelo Flexiseguridad (Modelo Danés que hemos propuesto como PNL ante gremios empresariales como Icare). Es decir, reemplazar la tradicional indemnización por años de servicio, sustituyendo el pago único por una red de seguridad social enfocada en la capacitación constante junto con subsidios de recolocación laboral.
Este modelo es internacionalmente conocido como “flexicurity” en inglés y combina un gran dinamismo para las empresas al contratar y despedir personal con una sólida seguridad económica y laboral para los trabajadores.
El modelo danés elimina el sistema tradicional de indemnización por años de servicio en el sector privado y lo reemplaza por un esquema de “flexiseguridad”. Facilita el despido y la contratación, compensando al trabajador mediante un fondo o seguro robusto, para que la transición entre empleos sea dinámica.
La creación de empleos sostenibles y de calidad se logra mediante una combinación de estabilidad macroeconómica, incentivos a la inversión privada, flexibilización laboral y capacitación de la fuerza de trabajo.
Dado que el sector privado genera cerca del 80% del empleo en las economías de mercado, las políticas públicas más efectivas apuntan a reducir los costos de contratación y facilitar el emprendimiento.
