República, derecho común y el regreso de Baquedano

Una nación que tolera la demolición impune de sus símbolos no está presenciando una simple protesta: asiste a la disolución deliberada de los lazos que la constituyen como comunidad política.

Durante años se intentó imponer en Chile la tesis de que el daño al espacio público era una manifestación legítima de descontento social ante la cual el Estado debía inhibirse. Estaciones quemadas, hospitales vandalizados y plazas capturadas por la anarquía degradaron la vida cotidiana.

En el epicentro de esa fractura, el monumento al General Manuel Baquedano fue cercado, profanado e incendiado, hasta que debió ser retirado para evitar su destrucción definitiva. Aquella imagen fue el testimonio visible de una crisis mayor: el sometimiento del imperio de la ley al chantaje de la violencia callejera.

El retorno del general a su lugar histórico representa, por lo mismo, una victoria moral del orden sobre el caos, un acto de reparación patrimonial y la restitución del principio de autoridad. Nos recuerda que la vida civilizada no reposa sobre la voluntad desatada de grupos radicales, sino sobre el respeto a normas objetivas y a una memoria común.

Hace más de dos mil años, el romano Marco Tulio Cicerón advertía con lucidez que la República es la “cosa del pueblo”, pero precisaba de inmediato que “pueblo no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino la sociedad formada bajo la garantía de las leyes y con objeto de utilidad común”.

La lección ciceroniana es concluyente: una turba que impone consignas mediante la intimidación no constituye pueblo ni encarna la democracia. Una sociedad libre no es un agregado caótico de voluntades particulares donde cada facción reclama derechos absolutos desprovistos de todo deber correlativo. La verdadera condición republicana exige someterse a un derecho común y reconocer que la convivencia pacífica demanda límites innegociables y responsabilidades compartidas.

Cuando alguien destruye un bus, la fachada de un consultorio o un monumento patrimonial, atenta de lleno contra el bien público. El vandalismo perjudica en primer lugar a los chilenos de esfuerzo: a las familias vulnerables y a la clase media que financia con sus impuestos el patrimonio de todos.

Por eso, herramientas como el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades no son una opción accesoria; constituyen una exigencia de justicia elemental. No corresponde que la ciudadanía honesta siga pagando de su bolsillo la reparación perpetua del daño provocado por una minoría ideologizada. El que destruye deliberadamente los bienes comunes debe responder con su patrimonio personal, trabajo comunitario y ante los tribunales.

Recuperar el orden es una batalla cultural y civilizatoria. Orden es que una familia use el transporte sin temor, que los consultorios funcionen sin agresiones y que preservemos los monumentos históricos con orgullo patrio. El General Baquedano vuelve a su pedestal porque simboliza virtudes que ninguna asonada refundacional podrá borrar: disciplina cívica, sobriedad y deber patriótico. Cicerón enseñó que la grandeza de una república reside en la solidez de sus leyes y en el coraje de sus gobernantes para hacerlas cumplir.

Chile no le debe explicaciones a los violentistas. Ha llegado el momento de reivindicar el bien común fundado en el derecho, terminar con la impunidad y defender con orgullo la patria que heredamos de nuestros próceres.