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El Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional por el artículo 31 del Plan de Reconstrucción Nacional, presentado por la oposición para obligar a distribuidoras de servicios básicos a restituir suministro a clientes con cortes por deuda. La medida fue criticada por la oposición al no ser comunicada públicamente. El ministro de Hacienda justificó la acción, asegurando que la idea es buena pero mal ejecutada, y prefieren avanzar rápido en el proyecto. La senadora Karol Cariola acusó al Gobierno de incumplir promesas. La falta de comunicación generó controversia incluso entre oficialistas.
El Gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional por el artículo 31 del Plan de Reconstrucción Nacional, ingresado por la oposición mediante indicación y que busca que, en zonas de catástrofe, las distribuidoras de servicios básicos tengan que restituir el suministro a los clientes con corte por deuda.
El requerimiento fue ingresado el sábado y no fue comunicado públicamente por el Ejecutivo, lo que fue duramente criticado por la oposición.
La justificación del requerimiento reposa en que el artículo no va de la mano con la idea matriz del proyecto. Además, desde el Gobierno recalcan que si bien la idea es buena, no está bien ejecutada, pero que puede ser vista en un futuro en una ley de artículo único.
En ese sentido, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó por qué se optó por esta vía, en vez de recurrir a un veto supresivo, o bien, aditivo o sustitutivo para modificar la norma. “Nos interesa ir rápido con el proyecto de ley”, dijo.
Ante este movimiento, la senadora Karol Cariola (PC) afirmó que el ministro Quiroz prometió que no iba a vetar la norma. Por lo mismo, reaccionaron con desazón al conocer el ingreso del requerimiento.
También, la parlamentaria por la región de Valparaíso cuestionó que se haya utilizado la discordancia con la idea matriz como argumento, cuando se trata de una ley de carácter misceláneo.
La noticia no solo tomó por sorpresa a la oposición, sino que el oficialismo tampoco estaba enterado de la concurrencia. Fuentes de la Radio confirmaron que en un almuerzo compartido entre el Gobierno y parlamentarios sólamente se conversó sobre el ingreso de vetos.
De igual forma, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), aseguró que están dispuestos a tramitar un proyecto de artículo único sobre la materia, pero que se debe hacer el análisis técnico correspondiente.
¿Secretismo en La Moneda?
Con todo, se activó otro foco de incendio para el Gobierno. Tras una sesión especial en la Cámara de Diputados, durante la noche de este martes, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, fue consultado por la decisión del Gobierno de ingresar un requerimiento y las acusaciones de la oposición sobre un actuar con “secretismo”.
El punto más crítico fue cuando se le preguntó a Alvarado por qué no se había comunicado públicamente el ingreso del requerimiento – que ocurrió el sábado – en alguna de las vocerías que sostuvo durante esta semana. El secretario de Estado sostuvo que no estaba en conocimiento del documento.
En medio de este contexto, la jefa de bancada del Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider, planteó que si esta situación hubiera ocurrido en el gobierno anterior, la entonces oposición hubiera sido muy crítica con el o la vocera. Además, afirmó que Alvarado no sabía, o bien, ocultó información.
En otra línea, este miércoles se vivirá una jornada importante en el Tribunal Constitucional, donde se realizará la audiencia abierta por los tres requerimientos ingresados por la oposición, con 56 intervinientes de la sociedad civil inscritos para dar su punto de vista sobre la invariabilidad tributaria y la restitución de fondos en caso de invalidación de una Resolución de Calificación Ambiental.