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El legado de Simón Bolívar pertenece a América. Su aspiración de reunir a nuestras repúblicas para defender intereses comunes forma parte de un patrimonio histórico que trasciende a las ideologías contemporáneas. El Escudo de las Américas, promovido por Donald Trump, permite recuperar esa aspiración mediante la cooperación entre Estados soberanos que coordinan sus capacidades para enfrentar amenazas compartidas. Esa posibilidad pone en entredicho la pretensión de la izquierda chavista de ejercer la propiedad política sobre Bolívar.
En 1826, el Congreso de Panamá reunió a representantes de cuatro repúblicas: Gran Colombia, México, Perú y la República Federal de Centroamérica. Sus territorios comprendían once países actuales. El proyecto impulsado por Bolívar buscaba sostener la independencia de las nuevas repúblicas mediante una alianza y mecanismos de concertación. La cooperación debía fortalecer su capacidad de actuar y defenderse.
Doscientos años después, Washington impulsa una iniciativa que, al 22 de septiembre de 2026, reúne a quince países: Estados Unidos, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Chile ha definido su participación como una coordinación voluntaria para combatir el crimen organizado transnacional, sujeta a las obligaciones jurídicas de cada Estado.
El Congreso de Panamá buscó proteger la independencia frente a la dominación extranjera; el Escudo, por su parte, articula compromisos de seguridad, cooperación económica y coordinación multilateral. La semejanza es evidente y reside en el método: enfrentar problemas comunes mediante capacidades compartidas. Su legitimidad actual dependerá del respeto efectivo a la soberanía y de los resultados que entregue a los ciudadanos.
El propio Tratado de Panamá ofrece, además, una lección especialmente pertinente para Chile. Su artículo 25 contemplaba acordar las relaciones comerciales en una asamblea posterior y mantenía vigentes las estipulaciones anteriores. La cooperación futura se construía sobre compromisos existentes. Ese principio exige hoy una posición firme frente a Estados Unidos.
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos estableció arancel cero para las mercancías que cumplen sus condiciones. En julio de 2026, Washington impuso unilateralmente una sobretasa de 12,5% que, según SUBREI, afecta al 40,3% del valor de nuestras exportaciones a ese mercado. La medida erosiona la confianza sobre la cual debe sostenerse cualquier cooperación con el país norteamericano.
Chile debió colocar esta controversia en el centro de la negociación, pero no lo hizo. Ahora corresponde exigir el cumplimiento del TLC y la eliminación de las barreras que lesionan los beneficios pactados. La afinidad política entre ambos gobiernos aumenta la responsabilidad de hablar con franqueza, porque, así como las cuentas claras sostienen la amistad, el cumplimiento de los tratados demuestra la seriedad de los compromisos.
Esa misma exigencia de seriedad permite enfrentar la apropiación ideológica de Bolívar. La izquierda chavista y sus adeptos —entre quienes se encuentran varios integrantes de la actual oposición chilena— presentan su proyecto socialista como una prolongación de la emancipación americana.
El socialismo autoritario que se proclamó bolivariano debe hacerse cargo de esa contradicción. Cuando la cooperación entre gobernantes sirve para proteger a quien ostenta el poder frente a su pueblo, contradice directamente la aspiración bolivariana de pueblos libres. Venezuela avanzaba precisamente en la dirección contraria.
El Escudo de las Américas merece ser evaluado positivamente en atención a sus propósitos; su ejecución será una cuestión distinta. Por lo que más allá de la desesperación de la izquierda latinoamericana, incluidos Bachelet y Boric, ahora lo que les corresponde es observar los resultados y reconocer que Bolívar pertenece a América y que su legado siempre ha exigido libertad para los pueblos y no su sumisión ante un gobernante.
