La desmunicipalización de la educación pública enfrenta uno de sus mayores puntos de inflexión desde la creación de los Servicios Locales de Educación Pública en 2017. Con 177 comunas aún pendientes de traspaso, más de 639 mil estudiantes bajo administración municipal y un proyecto que extiende el calendario hasta 2040, el Ejecutivo busca corregir el diseño original de la reforma. Un análisis de la Universidad del Desarrollo muestra que, con las nuevas reglas, casi todas las comunas podrían solicitar postergar su incorporación al sistema.
Nueve años después de aprobarse la Ley 21.040 que puso en marcha la Nueva Educación Pública, la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) atraviesa el cambio más importante desde que comenzó el proceso de desmunicipalización.
El Gobierno ingresó una “ley corta” que modifica aspectos centrales de la reforma impulsada originalmente en 2017. No solo propone extender hasta 2040 el calendario de implementación, trece años más de lo previsto inicialmente, sino que flexibiliza los requisitos para que los municipios puedan mantener la administración de sus establecimientos educacionales cuando acrediten buenos resultados.
La decisión responde a una realidad que muestran las cifras: el proceso todavía está lejos de completarse.
Actualmente, permanecen pendientes 177 comunas, equivalentes a 36 futuros Servicios Locales, donde estudian 639.156 alumnos distribuidos en 2.564 establecimientos educacionales.
Es decir, cerca de la mitad de la transformación estructural de la educación pública todavía no concluye.
El mapa de la reforma
Aunque cinco regiones ya terminaron completamente el proceso de desmunicipalización —Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Aysén y Magallanes—, el resto del país presenta una realidad muy distinta.
La Región Metropolitana concentra el mayor número de comunas que aún no ingresan a los SLEP, con 29 municipios pendientes. La misma cifra registra la Región de O’Higgins.
Más atrás aparecen La Araucanía con 27 comunas; Maule y Biobío, ambas con 18; Los Lagos con 15 y Valparaíso con 14. En total, el proceso sigue abierto en once regiones del país.
El mayor desafío comienza en 2027
El calendario vigente muestra que el momento más complejo de la implementación aún está por venir. El próximo 1 de enero de 2027 deberían concretarse los traspasos de 55 comunas, agrupadas en 11 nuevos Servicios Locales.
Es también la cohorte con la matrícula más grande de toda la reforma: 254.652 estudiantes, equivalente a casi el 40% de todos los alumnos que permanecen bajo administración municipal.
Durante 2028 deberían sumarse otras 53 comunas con 202.928 estudiantes, mientras que para 2029 están programadas 67 comunas adicionales con otros 177.576 alumnos.
¿Por qué el Gobierno decidió cambiar la ley?
El Ejecutivo sostiene que la experiencia acumulada durante los primeros años evidenció problemas de implementación que obligan a introducir ajustes.
La denominada “ley corta” modifica cuatro aspectos centrales: extiende el calendario de implementación hasta 2040; flexibiliza los requisitos para que municipios con buenos resultados mantengan temporalmente sus establecimientos; incorpora nuevos criterios para evaluar el desempeño educativo y modifica los plazos para solicitar postergaciones antes del traspaso.
La ministra de Educación ha señalado que el objetivo es continuar con la instalación de los SLEP, pero concentrando los esfuerzos donde existen mayores dificultades y permitiendo que comunas con buenos indicadores permanezcan más tiempo bajo administración municipal.
El cambio que transforma completamente el escenario
El análisis elaborado por la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo dimensiona el efecto práctico que tendría la iniciativa.
Con la legislación vigente, solamente 43 comunas, equivalentes al 24,3% de las que aún faltan por ingresar al sistema, cumplen actualmente los requisitos educativos para solicitar una postergación.
Con el proyecto del Gobierno ese número subiría a 166 comunas, es decir, 93,8% del universo pendiente. La diferencia no es menor.
En términos de matrícula, el cambio significa que las comunas con posibilidad de solicitar aplazamiento pasarían de reunir 77.778 estudiantes a concentrar 547.424 alumnos, más del 85% de toda la matrícula pendiente. No es una rebaja de estándares, dice el estudio.
Uno de los principales debates que abrió el proyecto es si las nuevas reglas rebajan las exigencias académicas.
El estudio de la UDD concluye que el incremento de comunas elegibles no se explica por una disminución en los estándares de calidad, sino porque cambia la lógica con que éstos se aplican.
Actualmente, los municipios deben cumplir simultáneamente distintos requisitos de desempeño.
La propuesta reemplaza esa exigencia copulativa por un sistema alternativo, donde basta acreditar uno de los criterios principales junto con los requisitos financieros, incorporando además una nueva vía basada en asistencia escolar promedio superior al 85%. Ese cambio explica prácticamente todo el aumento observado.
Un dato que sorprende
Otro antecedente que llama la atención es el perfil de las comunas que todavía no han sido traspasadas.
Los establecimientos municipales pendientes presentan, en promedio, mejores resultados que aquellos que ya fueron incorporados al sistema.
Entre otros indicadores: 66,3% de los establecimientos se ubican en categoría alta o media, frente al 51,7% de los ya traspasados. Registran mejores puntajes SIMCE tanto en cuarto básico como en segundo medio. Presentan una asistencia promedio de 87,8%, superior al 84,7% de los establecimientos actualmente administrados por SLEP.
Al mismo tiempo, mantienen niveles de vulnerabilidad prácticamente idénticos a los establecimientos públicos ya incorporados al sistema.
Las comunas que seguirían fuera
Aun cuando el proyecto amplía considerablemente el universo de municipios elegibles para postergar el traspaso, existen once comunas que seguirían sin cumplir los requisitos educativos.
Se trata de Antofagasta, Machalí, Talcahuano, Hualpén, La Florida, La Reina, Peñalolén, Recoleta, El Monte, Padre Hurtado y Peñaflor. Siete de ellas pertenecen a la Región Metropolitana.
Más que una simple extensión del calendario, el proyecto representa un cambio de enfoque respecto de la implementación de la Nueva Educación Pública.
La reforma nació con el objetivo de reemplazar gradualmente la administración municipal por un sistema estatal de Servicios Locales. Sin embargo, tras casi una década de ejecución, el Gobierno reconoce la necesidad de introducir mayor flexibilidad para evitar que comunas con buenos resultados sean obligadas a traspasar sus establecimientos sin considerar su desempeño.
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