Un empresario presentó una querella contra un capitán y un sargento de Carabineros, a quienes acusa de intentar atribuirle delitos inexistentes y de solicitarle una coima de $2 millones para dejarlo en libertad. El denunciante, Julio Herrera, fue finalmente sobreseído por la justicia del delito que se le imputaba.
Herrera es un empresario de Angol que presta servicios a la empresa de transporte ferroviario Fepasa. El 15 de marzo de 2023, fue detenido por dos funcionarios de Carabineros en la comuna de Collipulli, acusado del delito de porte ilegal de arma de fuego.
De acuerdo con la querella, ese día el empresario se dirigía hacia Pailahueque con $1.300.000 en efectivo, dinero que había retirado previamente en Angol para pagar una indemnización.
Durante la fiscalización, los funcionarios habrían encontrado en su vehículo un arma de fuego que, según sostiene Herrera, mantenía debidamente inscrita y con los permisos correspondientes.
Irregular procedimiento
Tras el procedimiento, Carabineros incautó tanto el arma como el dinero que llevaba el empresario. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en la querella, los $1.300.000 nunca le habrían sido devueltos.
Herrera enfrentó un proceso judicial por más de dos años por el presunto delito que se le imputó. Finalmente, la justicia lo sobreseyó, por lo que ahora decidió presentar una acción judicial contra los funcionarios que participaron del procedimiento.
En concreto, su abogado, José Fernández, presentó una querella contra el capitán Michael Andrés Daza Romero y el sargento Juan Manuel David Chamorro Ramos por los delitos de detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación.
“Se ingresó en este caso querella criminal en contra del capitán de Carabineros don Michael Andrés Daza Romero y en contra del segundo, don Juan Manuel David Chamorro Ramos, por los delitos de detención ilegal, denuncia calumniosa, falsificación de instrumento público, cohecho y obstrucción a la investigación”, señaló el abogado.
Además, la acción judicial acusa que los funcionarios le habrían solicitado a Herrera una coima de $2 millones a cambio de dejarlo en libertad.
Afectación personal
Por su parte, el empresario aseguró que el procedimiento policial y la posterior imputación le provocaron consecuencias tanto personales como familiares y laborales.
“Nos afectó bastante como empresa, como persona, como familia, como empresario. Yo quiero que esto se haga justicia, por favor, que un sargento o un capitán se exprese para eso”, sostuvo.
En la querella se solicita a la Fiscalía realizar diversas diligencias, entre ellas que ambos carabineros presten declaración en calidad de imputados y que se acceda a los registros de audio del procedimiento policial.
Consultada por este caso, la institución de Carabineros señaló que no se refiere a procesos judiciales que se encuentran en desarrollo.
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