La Ley de Reconstrucción Nacional continúa viviendo, tras cuatro meses de trámite, su epílogo en dos caminos: mientras hoy la sala de la Cámara Baja votará los tres vetos presidenciales del Ejecutivo, el jueves se escucharán los alegatos de la oposición y el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC).
El TC ya abrió el plazo para recibir audiencias públicas de todo tipo por los requerimientos que sí están en trámite y comenzará a escuchar a los interesados desde este miércoles a las 9 de la mañana.
Al respecto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, recuerda que llegar al tribunal involucró un esfuerzo mayor: una docena de abogados constitucionalistas de todos los partidos de oposición plantearon sus argumentos tras analizarlos durante semanas.
En esa línea, respondiendo indirectamente a las críticas de utilizar al TC como una sede política, Vodanovic dijo que este tribunal solo debe actuar conforme a la Constitución.
“Lo que ha hecho la oposición es pedirle al tribunal que se pronuncie. Nosotros hicimos una presentación fundada, después de muchos análisis jurídicos de nuestros abogados y, por lo tanto, será ese tribunal el que en derecho tendrá que fallar”, remarcó.
Los argumentos de la oposición ante el TC
La abogada constitucionalista y exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, Leslie Sánchez, se refirió a los argumentos centrales contra la invariabilidad tributaria y la indemnización a empresas con proyectos rechazados.
La también militante del PPD criticó que se cree un régimen tributario alternativo durante muchos años, que no permita al Congreso Nacional ni a futuros gobiernos discutir la revisión de estos contratos, que pueden ser privados o inversiones nacionales extranjeras.
Además, Sánchez explicó por qué cuestionan la restitución de dineros cuando existe lo que se llama una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) negativa.
“La restitución de fondos no se justifica, sobre todo en los casos donde se produzca por una falta, un error o culpa del mismo empresario. El procedimiento que se establece para determinar los montos a indemnizar vulnera todos los principios y garantías constitucionales del debido proceso”, apuntó.
Defensa del Gobierno evita adelantar argumentos
Por otra parte, el abogado constitucionalista Arturo Fermandois es uno de los que planteará los alegatos del Gobierno y señaló a La Radio que una definición es no hacer declaraciones públicas durante el proceso en el TC.
La posición de la defensa es que Chile tiene muchos regímenes tributarios distintos y eso nunca ha sido motivo para alegar discriminación arbitraria y que, respecto de la indemnización, existió un cuidado de no dañar la independencia de los tribunales ambientales.
Ahora, desde el Senado, el independiente-RN Rojo Edwards lanzó una crítica política al TC. “El Tribunal Constitucional debe entender que no es una tercera cámara política; que sus resoluciones tienen que ser defendiendo el espíritu de la Constitución y no las ideas políticas que puedan tener los jueces”, afirmó.
Banco Central critica fin del anatocismo
Recordemos que esta tarde la sala de la Cámara Baja votará los vetos supresivos del Gobierno para eliminar la prohibición del anatocismo, el llamado ‘olvido financiero’ y la obligación de pago a las pymes a 30 días.
Al respecto, la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, se refirió a las diversas consecuencias negativas de prohibir el cobro del interés compuesto, o de cobrar interés sobre interés.
“Si se impide la capitalización de intereses, los oferentes de crédito ajustarán otras variables para mantener el mismo valor económico de sus operaciones: tasas de interés más altas, cambios en comisiones, menores plazos”, planteó.
Manouchehri (PS) cuestiona veto
En tanto, el diputado socialista, Daniel Manouchehri, autor del proyecto ‘Chao Dicom’, que busca eliminar del registro financiero de las personas deudas que ya se encuentran extintas, niega que la norma condone deudas, alargue plazos o inhiba algún cobro de las instituciones bancarias. Además, cuestiona al Gobierno por vetar esta norma en base a una ‘hipótesis’ de que será negativo.
“Este veto tiene un fundamento respecto de que esto encarecería el crédito y restringiría el acceso al financiamiento. ¿Bajo qué sustento empírico se sustenta esta afirmación? ¿O esto se está eliminando simplemente en base a una hipótesis?”, apuntó.
Por ahora, en la oposición sigue en el aire si sumarán un cuarto requerimiento al Tribunal Constitucional: la reserva de constitucionalidad hecha en la sala del Senado, más los días que aún quedan para que el Gobierno promulgue totalmente la ley, han dado espacio al análisis, aunque sin mucha fuerza.
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