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La ofensiva judicial de la exembajadora Manahi Pakarati contra Cancillería sumó dos nuevos antecedentes: la Contraloría requirió un informe reservado por la denuncia de acoso laboral que presentó contra el diplomático Francisco Devia, mientras que el Comité de Ética de ADICA resolvió sancionarlo por haberla expuesto públicamente en medio de la controversia que terminó con su salida del cargo.
La disputa entre la exembajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, y la Cancillería sigue escalando.
El conflicto se originó a fines de 2025, cuando la diplomática —oriunda de Rapa Nui— publicó en sus redes sociales y estado de WhatsApp una fotografía de un cartel con la frase “Libre determinación para la Nación Rapa Nui”.
Poco después, Francisco Devia (actual ministro consejero de la Embajada de Chile en España) compartió una captura de esa publicación en la red social X preguntando “¿Es esto cierto?” y posteriormente escribió una columna de opinión donde cuestionó públicamente su actuar y pidió que Cancillería evaluara su remoción.
Semanas después, Pakarati fue adscrita anticipadamente desde Nueva Zelanda y este año terminó siendo desvinculada del Ministerio de Relaciones Exteriores por “pérdida de confianza”. La exembajadora sostiene que fue víctima de acoso laboral y prepara una demanda contra el Estado.
En ese escenario, su defensa comenzó a sumar nuevos antecedentes.
Primero, la Contraloría General de la República solicitó un informe reservado al Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de un reclamo presentado por la diplomática luego de no obtener resultados a la denuncia por Ley Karin en Cancillería.
Y, segundo, un fallo del Comité de Ética de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA) —al que accedió BioBioChile— sancionó a Devia por su actuación en esta controversia.
Caso Manahi Pakarati: Contraloría revisará actuación de Cancillería
Según un oficio fechado el 30 de julio, la Contraloría remitió a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores la presentación realizada por el abogado William García, en representación de Pakarati, y otorgó un plazo de diez días hábiles para informar sobre los hechos denunciados en el marco de la Ley Karin.
Además, solicitó remitir todos los antecedentes necesarios, incluido el expediente sumarial relacionado con el caso.
Consultado por BioBioChile, García explicó que el reclamo fue presentado en mayo, luego de que —según sostiene— Cancillería descartara la denuncia por acoso laboral presentada por la exembajadora contra Francisco Devia, quien, si bien no era su superior directo, era un funcionario de “mayor grado” que ella.
“En mayo presentamos un reclamo a la Contraloría en contra de la decisión de la Cancillería que desechó la denuncia por acoso laboral de Manahi Pakarati contra el embajador Francisco Devia”, señaló.
El abogado explicó que el objetivo es que la denuncia sea investigada. “El objetivo es lograr que se tramite esa denuncia y se investiguen en profundidad los hechos. Como abogados estamos a la espera de ese resultado.”
A juicio de la defensa, de parte de Cancillería “vemos una falta de análisis de los antecedentes en su poder”, por lo que esperan que Contraloría ordene una nueva investigación: “Y obviamente, en esa investigación que se establezcan responsabilidades.”
El fallo de ADICA que sancionó a Francisco Devia
En paralelo, la defensa sumó un nuevo antecedente con el fallo del Comité de Ética de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (ADICA).
La resolución concluyó que Francisco Devia, -el mismo diplomático investigado por presunta contracampaña contra Michelle Bachelet-, incurrió en faltas éticas al trasladar al debate público una controversia sobre una colega, exponiéndola mediante publicaciones en la red social X y una columna de opinión, pese a reconocer que no tenía certeza absoluta sobre los hechos que cuestionaba.
Por ello, estimó que vulneró los deberes de respeto, lealtad y solidaridad entre socios.
El Comité también concluyó que el diplomático publicó la columna sin acreditar la coordinación previa exigida por las instrucciones internas de Cancillería, y que sus actuaciones menoscabaron la integridad funcionaria de Pakarati.
Como consecuencia, resolvió sancionarlo con seis meses de suspensión como socio de ADICA y una censura por escrito.
No obstante, la misma resolución descartó que existieran antecedentes suficientes para acreditar las acusaciones de discriminación por género o por el origen rapanui de la exembajadora.
Para García, el pronunciamiento del Comité fortalece la estrategia judicial de su representada: “El fallo del Comité de Ética ADICA es un antecedente favorable, de carácter gremial, que puede ayudar al caso.”
La demanda que prepara Pakarati
Estos antecedentes se suman al anuncio realizado por la exembajadora de presentar, durante la segunda quincena de agosto, una demanda ante los tribunales laborales contra el Estado.
Pakarati sostiene que fue objeto de discriminación por su condición de mujer y de integrante del pueblo rapanui, además de cuestionar que la pérdida de confianza se utilizara para poner término a una carrera diplomática de casi tres décadas.
Según ha adelantado, la acción buscará que los tribunales determinen si existieron vulneraciones a sus derechos durante el proceso.
