Más allá de extender hasta 2040 la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el proyecto que ingresó el Ministerio de Educación modifica aspectos considerados centrales del diseño aprobado en 2017. La denominada “ley corta” busca dar mayor flexibilidad al proceso de traspaso desde los municipios, corregir problemas detectados durante la implementación y abrir mayores espacios para que comunas con buenos resultados continúen administrando sus establecimientos educacionales.
El proyecto surge luego de que el propio Ejecutivo concluyera que la implementación de la Nueva Educación Pública ha requerido sucesivas modificaciones legales y administrativas durante cuatro gobiernos, además de importantes recursos fiscales para enfrentar déficits financieros, deudas previsionales y problemas de instalación de los nuevos servicios.
Según trascendió desde el Ministerio, los análisis que se han realizado no permiten afirmar que los SLEP obtengan resultados sistemáticamente superiores a los municipios, observándose desempeños heterogéneos entre los distintos servicios.
En ese contexto, la iniciativa incorpora cuatro modificaciones de fondo que ahora el Congreso deberá debatir.
El calendario de instalación
El primer cambio entrega al Presidente de la República la facultad para modificar, mediante un solo decreto, el calendario de funcionamiento de los 12 Servicios Locales que aún no han iniciado operaciones.
La propuesta establece únicamente dos límites que parten de que deberá entrar en funcionamiento al menos un SLEP por año y el proceso completo deberá concluir como máximo en 2040.
Con ello, el Ejecutivo busca dejar atrás el sistema de sucesivas postergaciones caso a caso y contar con un mecanismo que permita adecuar el calendario completo a la realidad de implementación, para lo cual se le entrega la facultad al Presidente, en este caso, José Antonio Kast, y a quien llegue el 2030 y 2034.
Se amplía el plazo para traspasar los colegios
Actualmente, una vez que un Servicio Local entra en funcionamiento, dispone de un plazo de dos años para recibir la administración de los establecimientos municipales.
La ley corta permitirá extender ese período hasta por tres años adicionales, alcanzando un máximo de cinco años cuando existan razones fundadas.
Según el Ministerio de Educación, la experiencia ha demostrado que realizar un traspaso sin que el SLEP tenga su equipo directivo, sistemas administrativos, remuneraciones y procesos financieros completamente operativos termina afectando la continuidad del servicio educativo.
Municipios podrán mantener la administración de la educación
Otro de los cambios apunta directamente a los municipios que actualmente administran establecimientos públicos. Aunque la legislación vigente ya permite que algunas comunas continúen como sostenedoras, el Ejecutivo sostiene que los requisitos son excesivamente restrictivos, lo que ha limitado el uso de esa excepción.
Por ello, el proyecto flexibiliza las exigencias para acceder a ese régimen. En concreto, los municipios dejarán de estar obligados a cumplir copulativamente los requisitos pedagógicos establecidos en la ley y bastará con acreditar uno de ellos, mientras que las exigencias financieras se mantienen sin modificaciones. Además, la posibilidad de conservar la administración de los establecimientos podrá extenderse hasta el año 2040.
Nace una nueva causal para no traspasar la educación
Quizás el cambio más novedoso de la iniciativa es la incorporación de un nuevo criterio para que un municipio pueda continuar siendo sostenedor.
La propuesta establece que una comuna podrá mantener la administración de sus establecimientos cuando presente mejores indicadores de aprendizaje, medidos a través del SIMCE, y una situación financiera superior a la del Servicio Local que debería asumir esa función.
Con ello, el Gobierno busca que municipios que exhiben un mejor desempeño que el SLEP correspondiente no se vean obligados a entregar la administración únicamente por el cumplimiento del calendario legal.
Las razones del Ejecutivo
El diálogo previo que acompañó el proyecto sostiene que la reforma de la Nueva Educación Pública ha debido ser corregida reiteradamente debido a problemas detectados durante su implementación.
Entre ellos menciona la necesidad de aportar recursos extraordinarios, financiar déficits, absorber deudas previsionales y modificar el cronograma original. Asimismo, advierte que aún quedan 84 tareas normativas y operativas derivadas de la Ley 21.819, promulgada en mayo de este año, por lo que considera inconveniente continuar acelerando los traspasos sin completar previamente esas adecuaciones.
Otro de los argumentos apunta al impacto fiscal. Las minutas sobre el tema que han dado vuelta al interior del Ministerio y entre parlamentarios recuerdan que las deudas previsionales de los municipios pasan a ser responsabilidad del Estado una vez realizado el traspaso, por lo que una implementación más gradual permitiría distribuir esos costos de manera más ordenada.
También menciona observaciones formuladas por la Contraloría General de la República a concursos de algunos Servicios Locales, lo que, según el Ejecutivo, hace necesario asegurar que cada organismo esté plenamente preparado antes de asumir la administración de los establecimientos.
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