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El gobierno se distanció del proyecto "Escucha su Corazón", impulsado por parlamentarios libertarios, que busca modificar el Código Sanitario para agregar la obligación de escuchar los latidos fetales antes de una interrupción del embarazo en tres causales. La ministra de Salud, May Chomali, y la ministra de la Mujer, Judith Marín, señalaron que no es la prioridad gubernamental y que hay urgencias sanitarias más importantes. Exministra de Salud, Helia Molina, criticó la propuesta por posibles repercusiones éticas y sanitarias. El Colegio Médico pide una definición clara del Ejecutivo y destaca aspectos éticos y jurídicos a considerar.
El gobierno tomó distancia del controvertido proyecto denominado “Escucha su Corazón”, que busca modificar el Código Sanitario para introducir un nuevo requisito dentro del proceso de consentimiento informado previo a una interrupción del embarazo permitida por la ley de tres causales.
La ministra de Salud, May Chomali, reafirmó que la iniciativa impulsada por parlamentarios libertarios no es una prioridad para el Ejecutivo y adelantó que no contará con su respaldo, apuntando a que hoy existen otras urgencias sanitarias que requieren atención.
La postura fue respaldada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, quien señaló que para su cartera la prioridad está puesta en avanzar en otras iniciativas, como el proyecto de Sala Cuna Universal.
Así, desde el Ejecutivo marcaron una posición frente a una propuesta que ha abierto un debate sobre sus posibles efectos en la atención de salud y los derechos de las mujeres, que busca obligar a escuchar los latidos fetales antes de acceder a un aborto en las tres causales.
La exministra de Salud, Helia Molina, cuestionó duramente la propuesta y apuntó a sus eventuales implicancias en la aplicación de la legislación vigente sobre interrupción de embarazo en tres causales.
A su juicio, la iniciativa podría significar una presión adicional para mujeres que atraviesan situaciones complejas y planteó reparos desde una perspectiva ética y sanitaria.
El debate también llegó al Colegio Médico. Su presidenta, la doctora Anamaría Arriagada, señaló que aún falta una definición más clara del Ejecutivo.
El gremio planteó que existen distintos aspectos que deben ser considerados antes de avanzar en una normativa de este tipo, incluyendo elementos éticos, e incluso jurídicos.
El debate queda instalado desde una perspectiva sanitaria: mientras sus impulsores defienden la iniciativa como una forma de protección, sus críticos advierten que podría entrar en tensión con la autonomía de las pacientes, la práctica clínica y los derechos de las mujeres.
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