El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, anunció el ingreso de un proyecto de ley para sancionar con las mismas penas contempladas para quienes facilitan o participan en un aborto a todas aquellas personas que vendan, distribuyan, ofrezcan, intermedien o comercialicen —por cualquier medio— medicamentos abortivos de manera ilegal.
La iniciativa busca modificar la legislación vigente para que, a quien incurra en este tipo de comercialización ilícita –que incluye píldoras como el misoprostol u otros de similar efecto– y sea arrestado, la pena que se le asigne no sea tratada únicamente como una infracción por venta ilegal de medicamentos, sino que sea considerada parte del delito de aborto. Esto cuando su finalidad sea provocar la interrupción del embarazo, al margen de las excepciones que contempla la ley chilena.
Cabe destacar que, actualmente, la mujer que cause su aborto o consienta que otro se lo practique arriesga penas de entre tres años y un día y cinco años de presidio; mientras que quien lo practique con su consentimiento arriesga entre 541 días y tres años.
“En Chile, el aborto sigue siendo un delito, salvo las tres causales expresamente establecidas por la Ley. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo ha proliferado un verdadero mercado clandestino de medicamentos abortivos, donde personas inescrupulosas lucran ofreciendo estas sustancias por redes sociales, aplicaciones de mensajería o internet, sin ningún control sanitario y poniendo en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres”, sostuvo el republicano.
El parlamentario integrante de la Comisión de Salud de la Cámara recalcó que hoy la venta ilegal de estos fármacos suele perseguirse únicamente como una infracción a la normativa sanitaria, pese a que su objetivo podría ser facilitar la comisión de un aborto fuera de los casos permitidos por la legislación.
“No tiene sentido que quien facilita directamente un aborto responda por ese delito, mientras quien vende el medicamento sabiendo perfectamente para qué será utilizado solo arriesgue una sanción por venta ilegal de medicamentos. Existe una evidente desproporción que debemos corregir”, aseveró.
Romero (Rep) advierte sobre venta ilegal de medicamentos abortivos
Asimismo, Romero agregó que el proyecto también busca enfrentar un fenómeno que ha crecido al amparo de plataformas digitales y mercados informales.
“Estamos hablando de personas que hacen negocio con un medicamento de alto riesgo, que requiere evaluación clínica y supervisión profesional. La automedicación con este tipo de fármacos puede provocar hemorragias severas, infecciones, abortos incompletos y otras complicaciones graves que ponen en peligro la vida de la mujer. No podemos permitir que siga existiendo un mercado negro que lucra con estas situaciones”, añadió el parlamentario.
El diputado sostuvo también que la iniciativa pretende reforzar tanto la protección de la vida del que está por nacer como la seguridad de las mujeres.
“Nuestro deber es cerrar este vacío legal. Quien lucra facilitando abortos ilegales mediante la venta clandestina de medicamentos abortivos debe asumir la misma responsabilidad penal que corresponde a quien participa en la comisión del aborto. No podemos seguir tolerando que exista una industria ilegal que obtiene ganancias poniendo en riesgo vidas humanas y burlando la legislación vigente”, finalizó.
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