Hospital modular de $2 mil millones terminó abandonado en una bodega: Contraloría inicia acciones

Arrumbados en una bodega de San Miguel y con un perjuicio de $859 millones de pesos. Un informe de la Contraloría General de la República —al que accedió Bío Bío Investiga— da cuenta del estado actual del Hospital Modular de Campaña N°2 Barros Luco Trudeau. Se trata de 565 bienes que fueron adquiridos en la emergencia del Covid-19 y que desde hace cuatro años están abandonados y desvalorizándose.

Según detalla el documento, el 28 de octubre de 2021 se anunció el cierre del hospital modular. Al mes siguiente, la Subsecretaría de Redes Asistenciales transfirió gratuitamente dicho establecimiento al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS). El derecho y dominio eran absolutamente suyos.

Sin embargo, la directora del SSMS de entonces, Carmen Aravena, informó que no existía un destino próximo para trasladar las instalaciones. Las complicaciones iban desde los altos costos de traslado hasta temas logísticos: eran piezas muy grandes. Así que se quedó ahí, guardado en un bodega.

“Luego, consultado el Servicio respecto de las acciones desarrolladas con posterioridad a la recepción de tales bienes, informó que no efectuó gestiones, consultas ni comunicaciones destinadas a definir su uso, reutilización, reasignación o transferencia a otros organismos públicos”, detalla el escrito del organismo presidido por Dorothy Pérez.

Así las cosas, si bien en primer lugar se mantuvo en el Barros Luco Trudeau, luego despacharon el hospital modular a una bodega de San Miguel, donde ha permanecido sin usarse durante cuatro años.

Hospital de emergencia

En medio de la pandemia Covid-19, la Subsecretaría de Redes Asistenciales aprobó el 6 de abril de 2020 la contratación urgente de hospitales de campaña modular. El objetivo era simple: aumentar la capacidad de camas ante el colapso de pacientes.

Fue así que en marzo, el Ministerio de Salud y la empresa Weatherhaven Global Resources pactaron un contrato de compraventa por un total de cinco hospitales de campaña con una capacidad para 100 personas cada uno. Además, la infraestructura debía contar con diez albergues de hospitalización, baños, un comedor, sala de estar, cocina, farmacia y hasta dormitorios para el personal.

Todo costó 13,7 millones millones de dólares (unos 9.718 millones de pesos a la fecha).

Uno de esos modulares se fue directo al Hospital Barros Luco Trudeau, por lo que entre el traslado y la adquisición se sumaron otros 2.102 millones de pesos.

Para junio de 2020, la infraestructura modular ya estaba instalada en una cancha de fútbol colindante.

Traslado a San Miguel

Su funcionamiento duró hasta el 31 de octubre de 2021. Luego, la Subsecretaría de Redes Asistenciales transfirió el dominio gratuitamente al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS). Todos los “derechos y acciones” recaían en éste último.

Y aquí empezaron los primeros problemas. Por su parte, el SSMS envió un informe para saber, en primer lugar, la valorización y la vida útil de los bienes. También planteó que “no contaban con un destino próximo de utilización, toda vez que se trataba de una infraestructura de carácter temporal”.

“En atención a ello, indicó que los posibles escenarios de destinación y uso de la infraestructura se limitaban, principalmente, a su desarme y bodegaje, o bien a un eventual traspaso a otra institución”.

Entre esa espera, el 11 de mayo de 2023 se aprobó una licitación para la mantención, desarme y embalaje del hospital modular. El proceso se lo adjudicó la Minera y Constructora Río Grande SpA por más de $187 millones.

Fueron ellos quienes lo trasladaron hasta una bodega en San Miguel. Además limpiaron el sector, cercaron las rejas y pusieron pallets para proteger los insumos.

En dicho espacio quedaron los catres clínicos, mesas de alimentación, estanterías, camillas, lavamanos y hasta sillas de ruedas.

En este mismo oficio la directora del SSMS informó que “no existía un destino próximo para tales bienes”. Se dio cuenta al mismo tiempo por parte de la Contraloría que no se hicieron gestiones, ni consultas ni comunicaciones para su reasignación o transferencia.

“En consecuencia, se constató la ausencia de actuaciones concretas orientadas a dar uso efectivo a los 565 bienes muebles transferidos, los cuales han permanecido inmovilizados por más de cuatro años”, expone el informe.

Falta de gestiones

Con esto encima, la Contraloría determinó que se vulneró la ley que exige a los organismos estatales velar de manera eficiente los recursos públicos.

“Se evidenció una administración ineficiente de recursos estatales y ocasionó la prolongada falta de uso de activos susceptibles de ser utilizados para fines sanitarios u otros propósitos de interés público.”

Sumado a esto, la falta de gestiones derivó también en que los bienes se pueden echar a perder y exista depreciación patrimonial.

El Servicio de Salud Metropolitano Sur argumentó que la decisión de desmontarlo se debió a que la alerta sanitaria terminó. Además, mantenerlo tenía un costo de $4.584 millones.

“Razón por la cual se optó por su desarme y almacenamiento como reserva estratégica susceptible de utilización futura frente a eventuales emergencias sanitarias o catástrofes”, razonaron.

No obstante, la Contraloría determinó que si bien se entienden sus razones operativas, eso no exime ni explica que no se hayan hecho gestiones para transferirlo.

Objetos perdidos

El informe también detalla que existen otras incongruencias. Por ejemplo, hay diferencias entre el inventario del 17 de marzo de 2021 y el de 2026 respecto a ciertos objetos que antes aparecían y a la fecha de la revisión no.

Entre esos objetos está un berger, un glucómetro, una impresora, mesa de centro, microondas, sillón de dos cuerpos y un televisor de 40 pulgadas.

El Servicio de Salud explicó que algunos de esos objetos están en el hospital y otros fueron dados de baja.

Al mismo tiempo, hay 13 bienes muebles que no han logrado ubicar hasta la fecha. Entre ellos, una lavadora, plancha eléctrica, secadora, otooftalmoscopio y un kit de protección radiológica.

Además, hay tres lavadoras y tres secadoras que estaban desaparecidas y en proceso de búsqueda, pero al mismo tiempo figuraban como registradas en el inventario con ubicación en la bodega de San Miguel.

“El servicio manifestó que cuenta con registros verificables que acreditan el ingreso regular de dichos bienes al recinto de acopio institucional. Agregó que, considerando que la custodia y resguardo de tales dependencias se encontraba a cargo de un tercero, procedió a notificar formalmente a la empresa prestadora de los servicios de seguridad y vigilancia, exigiendo la restitución de las especies o, en subsidio, la correspondiente indemnización por su pérdida”.

Los bienes finalmente fueron restituidos por la empresa que cuidaba la bodega.

Otro punto es que la bodega donde está el hospital modular tiene varias deficiencias. Por ejemplo, existe un socavón en el borde de la reja.

“Esta condición no permite el acceso seguro y expedito a la totalidad de las áreas de almacenamiento, lo que dificulta las labores de inspección, control y mantención de los bienes allí resguardados, además de representar un potencial riesgo para la integridad de los funcionarios que desarrollan
tareas en dicho recinto”, detalla

“Aclaradas y reguladas”

Si bien el valor de adquisición fue de más de dos mil millones, la depreciación de los bienes los contabilizó a la fecha en $859 millones. Por lo mismo, la objeción de Contraloría es por ese monto. Ls CGR inició un reparo. Es decir, buscará la recuperación de esos dineros para las arcas fiscales.

Desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur respondieron a Bío Bío Investiga que dicho monto que Contraloría pide reparar no le toca desembolsarlo al organismo público.

Lea a continuación su respuesta:

El reparo formulado por Contraloría por $859.629.807 corresponde a la depreciación contable de los bienes del Hospital Modular durante el período en que han permanecido almacenados, por lo cual el Servicio de Salud Metropolitano Sur no debe desembolsar ese monto.

Tras una licitación pública, el Hospital Modular fue desarmado y sus componentes se mantienen embalados y bajo resguardo institucional. No ha existido un proceso de venta y, dadas sus características y capacidad clínica, no se ha considerado su reinstalación en el Hospital Barros Luco Trudeau, cuyas necesidades asistenciales actuales son de mediana y alta complejidad.

Las diferencias entre inventarios detectadas durante la fiscalización fueron aclaradas y regularizadas por el Servicio. Actualmente, se están abordando las observaciones relativas a las condiciones de la bodega y, conforme a lo requerido por Contraloría, se deberá implementar un plan que defina el destino de los bienes, considerando alternativas de distribución, transferencia o reutilización, dentro de los plazos establecidos por el organismo fiscalizador.