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En 2024 el presidente Biden ordenó a una empresa minera de criptomonedas de capitales chinos desprenderse de un terreno adquirido previamente por encontrarse a menos de 2 kilómetros de una instalación militar que albergaba misiles nucleares intercontinentales. La decisión se adoptó tras una revisión del Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos (CFIUS) que identificó riesgos de vigilancia y espionaje en sus instalaciones.
Recientemente, Alemania bloqueó la adquisición mayoritaria de Zippel, una empresa logística que transporta contenedores entre puertos nacionales, por parte de la naviera china COSCO. Se estimó que la operación podía profundizar dependencias estratégicas y comprometer la resiliencia de las cadenas de suministro alemanas y europeas.
Estos casos ilustran dos asuntos. Primero, cómo operaciones aparentemente comerciales pueden generar oportunidades para obtener información sensible y ventajas estratégicas, e incluso servir como instrumentos de inteligencia extranjera al facilitar el acceso a instalaciones o capacidades estratégicas. Y segundo, cómo los Estados han desarrollado mecanismos para evaluar los efectos de las inversiones extranjeras sobre la seguridad nacional, pues entienden que la relevancia de un activo estratégico no depende únicamente de las consecuencias de que deje de funcionar, sino también de su ubicación, de quién lo controla y del acceso que ese control permite.
Se trata de equilibrar la apertura a la inversión con la protección de la seguridad nacional.
Chile podría enfrentar riesgos similares. Pensemos en una concesión marítima para la construcción de un terminal portuario en la costa del Estrecho de Magallanes, como algunas que se tramitan actualmente. Además de las virtudes económicas, la evaluación debería considerar quién controla realmente su operación, si es o no una empresa proxy de una potencia “extrahemisférica”, dada su ubicación en el centro de rutas marítimas estratégicas, cuya interrupción, acceso indebido o empleo para operaciones duales (militares y civiles) podría afectar la soberanía y la libertad de acción de nuestro Estado. ¿Nuestra contrainteligencia opera en estas áreas?
Un razonamiento similar debería aplicarse a las decisiones del Ministerio de Bienes Nacionales que conceden a privados el uso de terrenos fiscales próximos a instalaciones sensibles o activos estratégicos. Sería el caso, por ejemplo, de terrenos cercanos al Fuerte Baquedano, cuartel general de la BRIACO “Cazadores”, a la base aérea Chabunco o al puerto de San Antonio.
En corto, no se trata de presumir que todo inversionista extranjero representa una amenaza, sino reconocer que la evaluación económica y la de seguridad responden a preguntas diferentes y deben integrarse en una arquitectura nacional. Chile debe diseñar urgentemente un mecanismo de revisión de inversiones por razones de seguridad nacional, articulando controles sectoriales y capacidades de inteligencia.
El CFIUS es un referente de cómo un Estado controla las inversiones extranjeras por sus posibles efectos en la seguridad nacional, pudiendo condicionarlas o recomendar que se prohíban, dentro de ámbitos tan variopintos como infraestructura crítica, ciberseguridad, seguridad de suministros, terrenos ubicados en las proximidades de instalaciones gubernamentales sensibles, e incluso adquisiciones que permiten a inversores extranjeros controlar empresas estadounidenses.
Y lo que por su denominación podría parecer una instancia de análisis puramente corporativo, es todo lo contrario, pues en las evaluaciones participan órganos con competencias económicas, diplomáticas, de defensa y seguridad, incluyendo al Director de Inteligencia Nacional quien conduce a la comunidad de inteligencia, que considera a la CIA, NSA, la DIA, a la inteligencia de las Fuerzas Armadas, entre otras.
Australia, Reino Unido y Canadá son los casos más destacables de países que cuentan con este mecanismo y la OCDE afirma que el 80% de sus miembros ya tienen algún sistema similar.
Volviendo al Estrecho de Magallanes, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, responsable de otorgar concesiones marítimas, debería aplicar criterios de seguridad nacional y procedimientos de trabajo conjuntos con nuestros organismos de inteligencia civil, estratégica, militar y económica. La contrainteligencia contribuiría a identificar actividades de inteligencia extranjera. Hacer lo contrario es dejar ciego a nuestro país en un entorno saturado de niebla geopolítica.
Pero como la esperanza no es un método, este año la SUBREI parece haber tomado la iniciativa para diseñar un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras vinculadas a activos estratégicos que esperemos adopte un enfoque de seguridad nacional.
Pero llama la atención que entre los ministerios que se mencionan como participantes se omita a Defensa Nacional. Esperemos que no sea así, porque sería incomprensible prescindir de un ministerio que conoce en detalle las vulnerabilidades de instalaciones sensibles, espacios estratégicos y capacidades de uso dual. Si la omisión responde al diseño de Cancillería, se persistirá en una lógica de trabajo por silos, en lugar de una actuación integrada, una costumbre casi decimonónica de nuestro Estado.
Las tribulaciones globales deben servir como una oportunidad para definir y proteger soberanamente lo que aspiramos como nación. Si no desarrollamos capacidades propias, las decisiones que adoptemos serán las de otros. La naturaleza aborrece el vacío, afirmaba Francois Rabelais. Esta es una idea que bien vale grabarse a fuego.
