Una tragedia anunciada

Santiago, la capital

Llueve sobre Santiago.

Era un niño de 12 años cuando escuché por primera vez a un arquitecto hablar del desarrollo de la ciudad capital de Chile. Fue después del terremoto de 1960 y él se refería a la estructura urbana de una ciudad que está instalada en una cuenca cordillerana de 80 kilómetros, con una pendiente muy marcada desde la Cordillera de los Andes hacia la Cordillera de la Costa. Construida en torno al río Mapocho –canalizado artificialmente siglos después de su fundación–, se expandió desde el centro en una especie de baile parecido a la cueca: haciendo giros sobre sí misma, zapateando el suelo con energía hasta llegar a una vuelta final y pasar a la cueca siguiente.

Distribución de los habitantes

En el centro de la ciudad estaban los poderosos y en los sectores aledaños, siendo algunos campesinos, vivían los pobres, quienes se desplazaban al centro. Los poderosos se hicieron dueños de las tierras agrícolas a través de las mercedes de tierras. En ellas debían trabajar los mapuche, quienes eran encomendados a los hacendados para que los educaran en la fe y les dieran sustento a cambio de su trabajo en la tierra. ¡Para eso eran mapuche (gente de la tierra)!

En el entorno de las haciendas, en cuyo punto principal estaba la casa de los patrones, fueron surgiendo los pequeños pueblos que darían más tarde origen a comunas de la actual Región Metropolitana, tales como Las Condes, Ñuñoa, Peñaflor y San Bernardo.

Frente a la expansión de la ciudad, los grupos poderosos de Santiago no optaron por fortalecer el centro ni por un crecimiento armónico, sino que eligieron huir hacia la cordillera; tal vez como una manera simbólica de demostrar que pertenecen a “otra altura” –por algo se autodenominaban la “clase alta”– mientras que las comunas o sectores de altura intermedia, ubicadas entre la precordillera y los sectores “más bajos”, correspondieron a la “clase media”.

El límite natural de la ciudad por el oriente, si es que así se puede llamar, era el Canal San Carlos, porque desde ese punto la planicie aumenta bruscamente su altura y la pendiente se vuelve más pronunciada. Pese a ello, quienes eran dueños de esas tierras comenzaron a venderlas por lotes o parcelas y la expansión continuó, hasta lo que hoy es Américo Vespucio.

Un genio del urbanismo

Gastón Saint Jean comprendió que el camino seguido era equivocado, pues significaría la pérdida de tierras que aún tenían uso agrícola y cumplían funciones naturales de gran importancia, como la absorción de aguas lluvia y del derretimientos de nieve. El río tenía sus espacios para crecer y los canales que lo abastecían funcionaban con la perfección de aquellos que existen desde hace siglos y milenios. Estas ricas tierras y espacios naturales de esparcimiento fueron invadidos por construcciones y pavimento que afectaron la vida de la ciudad.

En 1962, cuando ya las construcciones traspasaron los límites de Américo Vespucio, las aguas lluvia invadieron con flujos más allá de lo normal, las comunas de Santiago, Providencia y Ñuñoa. Como estas tenían buenos sistemas de evacuación, las inundaciones de las calles no producían grandes desastres para la vida habitual.

Saint Jean, en 1964, propuso fijar como límite para el crecimiento de la ciudad el “anillo de circunvalación Américo Vespucio”, manteniendo lo que estaba fuera de él como una zona agrícola o de expansión moderada, cuyos terrenos no pudieran ser menos de una hectárea.

Las Condes (cuyo territorio se dividió para originar las comunas de Vitacura y Lo Barnechea) hizo caso omiso de esas disposiciones, sugerencias, instrucciones y normativas, al aceptar el loteo de terrenos en superficies de menos de diez mil o cinco mil metros cuadrados –según la zona– fuera del anillo, que no estaban preparadas para el desarrollo urbano.

Junto a esto, el urbanista diseñó e inició la aplicación de un plan para la ocupación racional del centro de la ciudad de Santiago –actual comuna de ese nombre– mediante la edificación en altura. Este se enfocó en zonas desprovistas de inmuebles o donde las edificaciones existentes eran precarias y no ameritaban su calificación de patrimonio nacional. De hecho, muchas de esas construcciones habían colapsado con los terremotos previos al plan y las que sobrevivieron fueron cayendo después con los sismos posteriores.

Urbanismo: política pública

Antes del gobierno de Eduardo Frei Montalva, el urbanismo fue un tema principalmente académico. Durante ese gobierno y el de Allende, se transformó en una “política pública”, que el Estado asumió como desafío propio, en combinación con ejecuciones a cargo de la empresa privada.

Fue un tiempo de preocupaciones sobre temas relevantes, donde se intentó privilegiar algunos aspectos del plan de Saint Jean. Se pensó una ciudad integrada en la que ni ricos ni pobres ni clase media estuvieran aislados, sino que pudieran convivir en armonía.

Así, en Vitacura surgió la “Villa El Dorado”, y en Las Condes, “Colón 8.000”. Incluso en esta última comuna se levantó una población para sectores medios y pobres entre Alonso de Córdoba y Manquehue, hoy ocupado por edificios de lujo.

El cambio de “política”

A partir del golpe de Estado todo cambió. En la dictadura desapareció la preocupación por el urbanismo, hasta el punto de que se eliminó la Corporación de Mejoramiento Urbano, se retiró dicho término del nombre del Ministerio -dejándolo sólo como de “Vivienda”- y el SERVIU pasó a ser de “vivienda y urbanización”, concepto muy distinto al urbanismo.

De ahí a la erradicación forzada de la mayoría de los pobres de las comunas de “los ricos” fue cuestión de meses; al mismo tiempo -primero de hecho y luego con cambios en las normas- se eliminó la prohibición de loteos a menos de una hectárea en toda la zona precordillerana, permitiendo terrenos de 500 metros cuadrados.

Falla de Ramón

Todo lo que está al oriente de la Avenida Américo Vespucio se pobló con alta densidad bordeando el piedemonte cordillerano, en una línea que abarca varias comunas de la ciudad a lo largo y ancho de la conocida “Falla de Ramón” (o San Ramón, como le dicen hoy para enfatizar el carácter católico de la zona).

Se advirtió por décadas sobre la peligrosidad de construir en ese lugar. Si bien los movimientos de tierra más grandes pueden suceder cada diez mil años, en la medida en que a ese límite sólo le queda un 10% para cumplirse, aumentan las probabilidades de una tragedia.

Ya a fines del siglo XVI hubo un terremoto y otro a comienzos del siglo XVII. Muchos temblores recorren la zona que va desde la minera Andina hasta San José de Maipo y, en cualquier momento, una catástrofe puede afectar el espacio hoy ocupado por mansiones, colegios y clínicas privadas, con el horror que eso puede traer para toda la ciudad y sus ocupantes. Los porcentajes de riesgo suben de año en año.

No se aprende de la experiencia

Los eventos climáticos de 1982 y 1986, que inundaron el sector alto de la ciudad, parecen no haber servido de suficiente advertencia sobre cómo la naturaleza vuelve a ocupar sus espacios. A sabiendas de los riesgos, las municipalidades -especialmente Las Condes y Lo Barnechea- siguieron otorgando permisos y poblando la zona, sin poner límites reales a las construcciones, en áreas de enorme peligro.

El Estado ha contemplado impávido el crecimiento desmesurado de una ciudad capital hacia sectores que no deberían ser ocupados masivamente por la población, salvo para agricultura, ganadería o esparcimiento.

Era evidente que nada se haría antes de 1990, pero algunos esperábamos que los gobiernos posteriores retomaran el tema del urbanismo.

No se hizo. Prefirieron agachar la cabeza y favorecer el negocio de los ricos y poderosos empresarios inmobiliarios y de la construcción, para darles el gusto a las familias de mayores ingresos de ocupar espacios que la razón y la prudencia debieran tenerles vedados.

No solo eso: a cargo de los ministerios de la Vivienda y de Obras Públicas, en más de una ocasión quedaron empresarios del rubro que se beneficiaba o personas que preferían ser parte de grandes negocios del sector. ¿Urbanistas? Para nada. Un error, una deuda pendiente, un silencio inexcusable de esos gobiernos.

La tragedia que se había anunciado

Este mes, Santiago de Chile vivió dos tragedias importantes. De ambas se sabía que sucederían; es decir, que volverían a ocurrir.

Una fue el desborde del río Mapocho a la altura de la comuna de El Monte, pues al haber aumentado su caudal, quiso retomar los terrenos de su cauce. Esos terrenos habían sido ocupados irregularmente por personas que no tienen vivienda, y sus precarias construcciones y enseres fueron arrasados por el agua.

Eran personas muy pobres que debieron ser sacadas por la fuerza de sus lugares. Salvo la mención del hecho por algunas radios (entre otras, esta), los demás medios no dieron cobertura ni hicieron seguimiento alguno de esos mil quinientos erradicados del cauce fluvial.

La otra tragedia fue la avalancha en los sectores altos de San Carlos de Apoquindo, donde grandes casas y condominios de alto precio, fueron invadidos por el barro. Esto, por cierto, ha ocupado tiempo de los medios de comunicación y la atención oportuna de servicios públicos para sacar el barro. Está bien que se les ayude y que reciban solidaridad. Lo que pienso es que esa atención y esa ayuda debiera ser equivalente para todos. ¿Justicia?

La evidencia que queda es que hay lecciones que aprender.

Lo que viene

Me temo que los actuales administradores del Estado no se interesarán o no se atreverán a meter mano en el problema, pues les puede afectar a su electorado. Ojalá me equivoque y se disponga de inmediato un cese de permisos de construcción en sectores de riesgo, se termine la ocupación de tierras agrícolas -sobre todo en zonas precordilleranas- y se planifique y corrija el desarrollo urbano.

Una de las tareas importantes del futuro próximo será reponer el tema del urbanismo y la preocupación por el desarrollo armónico de las ciudades de Chile, tanto para evitar los daños que los acontecimientos de la naturaleza puedan ocasionar, como para proteger a las personas, ricas y pobres, que sufren como consecuencia de errores propios y colectivos.

Chile requiere de políticas públicas pensando no sólo en los intereses particulares de los empresarios de la construcción, de las inmobiliarias y los bancos, sino en los de todos los habitantes de la república. La esperanza debe ser lo último que se pierda.