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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Argentina presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para detener la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en las Islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei busca "preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental", alegando que las actividades autorizadas por el Reino Unido son unilaterales e ilegales.

Este martes el Gobierno de Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud “de medidas provisionales” para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de las islas Malvinas.

A través de un comunicado, el Gobierno del presidente Javier Milei indicó que la solicitud “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.

“La presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos”, agregó.

“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluye el comunicado.

El Gobierno de Milei anunció el 28 de septiembre que iniciaría un pedido de arbitraje con base en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El objetivo de Argentina es detener el avance de Sea Lion, un proyecto ‘offshore’ operado por la firma israelí Navitas (65%) y del que es también socia la británica Rockhopper (35%) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.

Las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina, esperan obtener US$2.000 millones en regalías durante 30 años por el proyecto petrolero.

Sin embargo, Argentina considera “ilegales” los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las islas.

Cabe señalar que el senador por la región de Magallanes y la Antártica Chilena, Karim Bianchi, llamó al Gobierno y a la Armada a aplicar medidas de reciprocidad contra Argentina si es que el país trasandino lleva a cabo una eventual interceptación del buque chileno Danstar, el que prepara un viaje comercial desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas.

“Si Argentina pretende interceptar un buque chileno, yo llamo a nuestro gobierno y a la Armada a hacer lo mismo con todos los buques de bandera argentina. Ejercer el principio de reciprocidad, el derecho internacional“, manifestó Bianchi.

“Y no solo por la vía marítima, sino también puede ser por la vía terrestre, donde Argentina tiene mucho más que perder, sobre todo en la zona austral y en la salida de sus productos por nuestros puertos chilenos”, sostuvo.