Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El caso de la exministra Trinidad Steinert ha reavivado el debate sobre las acusaciones constitucionales en Chile. Mientras avanza un proyecto para endurecer los requisitos de estas acciones, se discute la posibilidad de presentar una acusación contra Steinert por exceder sus atribuciones al solicitar antecedentes a la Policía de Investigaciones durante su cargo. Sectores de la oposición mantienen abierta la opción de una ofensiva constitucional, aunque hay diferencias en torno a la necesidad de reformar las reglas para iniciar estas acciones. Por su parte, Agustín Romero, del Partido Republicano, critica la aparente contradicción de la oposición al querer limitar estas acciones solo cuando les perjudica políticamente.
El caso de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert no solo abrió un debate sobre eventuales responsabilidades políticas tras el dictamen de Contraloría. También reactivó una discusión que divide a la propia oposición: el uso de las acusaciones constitucionales.
El debate ocurre mientras avanza en el Congreso un proyecto de reforma constitucional impulsado por parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, además de la UDI, RN y Evópoli, que busca endurecer los requisitos para presentar acusaciones constitucionales.
La iniciativa propone aumentar de 10 a 20 las firmas necesarias para iniciar un libelo, exigir una interpelación previa en el caso de ministros de Estado y elevar los requisitos de admisibilidad, con el objetivo de devolver a esta herramienta su carácter de última instancia.
Y es que la posibilidad de una acusación constitucional contra Steinert comenzó a instalarse en el Congreso luego que la Contraloría concluyera que la exministra excedió sus atribuciones al solicitar antecedentes a la Policía de Investigaciones sobre una causa que conoció cuando era fiscal regional. Por ahora, distintos parlamentarios de oposición mantienen abiertas las opciones de fiscalización y no descartan una eventual ofensiva constitucional.
El diputado socialista Raúl Leiva, uno de los impulsores de la reforma al sistema de acusaciones, afirmó que desde su punto de vista existen fundamentos jurídicos para evaluar este tipo de acciones, y que el eventual libelo contra Steinert no es incompatible con el proyecto que él mismo promueve.
Desde el Partido Comunista, el diputado Boris Barrera defendió el uso de las acusaciones constitucionales como una herramienta legítima de fiscalización del Congreso, y advirtió que cualquier intento de endurecer sus requisitos solo debilitaría el control sobre el Ejecutivo.
En el Partido Republicano, en tanto, el diputado Agustín Romero acusó un doble estándar en la oposición, señalando que algunos sectores buscan limitar las acusaciones constitucionales cuando les afectan políticamente, pero ahora las impulsan contra la exministra Steinert.
Por ahora, el proyecto que busca elevar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales deberá iniciar su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, mientras en la oposición aún no se descarta una eventual acusación contra la exministra Steinert.
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