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En materia de seguridad el actual gobierno ha presentado proyectos que es necesario aprobar o al menos considerar su discusión y otros que debemos estudiar con sumo cuidado y rechazar cuando sea necesario. El país necesita fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar al crimen organizado, pero eso no significa que toda propuesta que se presente en nombre de la seguridad sea necesariamente buena o vaya a producir los resultados que se buscan. En esta materia debemos actuar con responsabilidad y pensando también en las consecuencias que pueden tener las facultades que entregamos al Estado.
Por eso creo que el Congreso debe ser capaz de distinguir entre medidas que apuntan directamente a debilitar a las organizaciones criminales y que merecen respaldo, como el decomiso sin condena, la persecución de su patrimonio, una mejor segregación de la población penal y el fortalecimiento de las capacidades policiales. Otras propuestas, en cambio, pueden afectar derechos y garantías constitucionales y requieren un análisis mucho más profundo antes de aprobarse.
Como presidente de la Comisión de Constitución me corresponde contribuir a que esta discusión avance con seriedad. La seguridad es una prioridad, pero también lo es que las herramientas que entreguemos al Estado sean eficaces, proporcionales y tengan los controles democráticos necesarios.
El decomiso sin condena es una de las propuestas que considero especialmente importante. Si el crimen organizado busca acumular patrimonio, el Estado debe tener herramientas eficaces para perseguir esos bienes y desbaratar su estructura económica. El Gobierno ha recogido parte de esta propuesta y me parece una buena noticia.
Uno de los problemas más graves está dentro de las cárceles. Hay que segregar. Los líderes del crimen organizado deben estar efectivamente aislados en cárceles de alta seguridad con regímenes que impidan que sigan dando órdenes y reclutando desde los recintos penitenciarios.
En esta discusión ha ingresado al Senado una reforma constitucional que propone ocho modificaciones en materia de seguridad pública. Entre ellas, crea un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública y establece disposiciones sobre organizaciones criminales y terrorismo. El nuevo estado de excepción tendría una duración de hasta 120 días y contempla facultades que inciden sobre distintos derechos y garantías constitucionales.
Esta parte de la reforma me parece especialmente compleja. Así como está planteada, es muy difícil aprobarla. Una cosa es fortalecer al Estado para combatir la delincuencia y otra es poner en riesgo derechos constitucionales sin controles democráticos suficientes. Cuando se entregan nuevas facultades al Estado hay que preguntarse también quién controla a quien las ejerce.
Siempre debemos ponernos en el escenario contrario. Si mañana gobierna alguien de un signo político completamente distinto, ¿estaríamos igualmente dispuestos a entregarle estas facultades? Esa es una prueba básica para cualquier democracia. No se trata de atribuirle una mala intención al Presidente actual, pero sí de diseñar instituciones que funcionen correctamente cualquiera sea quien ocupe La Moneda.
Tampoco creo que debamos quedar atrapados en una discusión en que rechazar una reforma signifique ser responsabilizados por los resultados de la delincuencia. Aprobarla tampoco garantiza que la delincuencia disminuya. Hay otros caminos: formar rápidamente más Carabineros, perseguir el patrimonio de las organizaciones criminales y mejorar las cárceles.
Me preocupa también que decisiones sobre organizaciones criminales puedan quedar expuestas a una lógica política. Creo que su determinación debiera contar con un pronunciamiento del Poder Judicial. El combate a la delincuencia debe ser con todo, pero no puede poner en riesgo los derechos de los ciudadanos, las garantías constitucionales y la democracia.
Chile necesita seguridad, pero también necesita acuerdos. Durante los últimos gobiernos hemos visto cuánto daño ha hecho la polarización. No podemos repetir esa lógica en una materia tan importante. Debemos apoyar aquello que funciona, corregir lo necesario y buscar acuerdos en las medidas que realmente permitan combatir el narcotráfico y la criminalidad.
Mi posición será la de una oposición constructiva. Apoyaré aquello que permita enfrentar eficazmente al crimen organizado. También aportaré propuestas. Pero cuando estén en juego derechos fundamentales y los contrapesos de nuestra democracia, voy a defenderlos con claridad.
