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La noticia sobre el futuro del Cerro Centinela, en San Antonio, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende el conflicto por la denominada megatoma: ¿qué ocurre con los compromisos asumidos por el Estado cuando cambia un gobierno?
El Ministerio de Vivienda anunció que las familias que permanecen en las 110 hectáreas expropiadas deberán abandonar temporalmente esos terrenos, argumentando que las viviendas existentes incumplen la normativa urbanística. Al mismo tiempo, el ministro Iván Poduje ha señalado que durante 2027 se desarrollará allí un proyecto de aproximadamente 4.620 viviendas sociales.
Este último punto es fundamental. Esas 110 hectáreas no fueron expropiadas simplemente para incorporarlas al patrimonio fiscal. Fueron expropiadas para desarrollar el Plan Habitacional Cerro Centinela. Y eso consta en un acto administrativo del Estado.
En diciembre de 2025, el Ministerio de Vivienda aprobó mediante el Decreto Exento Nº 88 un programa de expropiaciones por aproximadamente 110,6 hectáreas. El decreto fundamentó la decisión señalando que Serviu no disponía de otro terreno de la superficie necesaria en San Antonio, reconoció el arraigo de las familias y estableció la radicación como estrategia para entregar una solución habitacional.
No se trató, por tanto, solamente de una promesa política.
Las familias se organizaron en 40 cooperativas y asumieron también obligaciones, entre ellas participar en el financiamiento del proyecto mediante ahorro familiar. Cuando el Estado exige corresponsabilidad a las personas, esa corresponsabilidad necesariamente debe ser recíproca.
Por eso la discusión actual no debiera reducirse a estar a favor o en contra de una toma de terrenos.
El Estado tenía la obligación de cumplir el fallo judicial y restituir los terrenos de propiedad privada. El actual Gobierno ha avanzado en esa dirección y el desalojo de las hectáreas no expropiadas llegó este mes a su fase final.
La propiedad privada debe respetarse y las sentencias judiciales deben cumplirse. Pero el cumplimiento del Estado de derecho opera en todas las direcciones.
Así como corresponde ejecutar una sentencia judicial, corresponde también respetar los actos administrativos válidamente dictados y entregar certezas a quienes organizaron sus decisiones sobre la base de compromisos formalmente asumidos por las instituciones. Aquí aparece una distinción fundamental: los gobiernos cambian; el Estado permanece.
Cada gobierno tiene la facultad de definir sus prioridades y orientar las políticas públicas de acuerdo con su programa. Sin embargo, esa facultad debe ejercerse considerando los compromisos que el Estado ya ha formalizado y las obligaciones que estos han generado. Cuando existen actos administrativos, inversión pública, organización comunitaria y compromisos asumidos por terceros, ya no estamos simplemente frente a una decisión política susceptible de comenzar nuevamente con cada cambio de administración, sino ante un proceso institucional que requiere continuidad, certeza y responsabilidad estatal.
Esto cobra especial importancia frente al anuncio de un nuevo desalojo, ahora dentro del área expropiada. Despejar el terreno para urbanizar y construir puede ser técnicamente necesario. Pero entonces debe explicarse con claridad para qué se desocupa, durante cuánto tiempo, qué ocurrirá transitoriamente con las familias y cómo ese procedimiento se conecta con el proyecto habitacional comprometido.
Porque desalojar para restituir un terreno privado y despejar suelo público para construir viviendas son situaciones completamente distintas.
El desafío de Cerro Centinela ya no consiste solamente en terminar una toma. Consiste en demostrar que el Estado chileno es capaz de transformar un conflicto territorial de enorme complejidad en una solución urbana planificada.
Por eso es relevante que el actual Gobierno mantenga el destino habitacional de los terrenos. Ahora corresponde traducir esa continuidad en un cronograma conocido, mecanismos de participación y certezas para las familias.
San Antonio tiene además una oportunidad: desarrollar allí un nuevo sector de ciudad con viviendas, equipamientos, espacios públicos, conectividad y servicios, incorporando también a otras familias de la comuna que llevan años esperando una solución habitacional.
Así podremos demostrar que en Chile las sentencias se cumplen, la propiedad se respeta y las ocupaciones irregulares no constituyen un mecanismo legítimo de acceso a la vivienda. Pero también que cuando el Estado compromete formalmente su palabra, esa palabra tiene valor más allá del gobierno que circunstancialmente ocupe La Moneda. La continuidad del Estado no es una concesión hacia la administración anterior. Es una condición básica de confianza democrática.
Yanino Riquelme González
Ex Delegado Presidencial de ValparaísoCarolina Quinteros Urquieta
Ex Delegada Presidencial de San Antonio
