Estatuto Administrativo: la necesidad de modernizar sin precarizar

Este lunes 17 de agosto se constituyó la comisión anunciada por el gobierno para reformar el Estatuto Administrativo, que es la ley laboral que rige a los funcionarios públicos. Si bien hay un consenso en que las formas contractuales del Estado necesitan modernizarse, surge una preocupación cuando vemos que estos cambios son impulsados bajo el paraguas de la reducción presupuestaria y por una administración que ya ha demostrado un afán notorio por reducir el Estado y atentar contra los derechos laborales.

Para entrar en este debate hay que partir de una base: el Estatuto Administrativo es una ley que necesita cambios. Originalmente fue concebida para un Estado considerablemente más pequeño que el actual, y muchos de sus preceptos no se cumplen a cabalidad, pues son superados por las restricciones presupuestarias anuales y la rigidez burocrática.

Pero esto no se expresa, como han querido instalar algunos sectores, en supuestos funcionarios públicos privilegiados que son inamovibles y ganan sueldos millonarios. Esto es parte de un mito anti Estado que ha sido funcional a quienes quieren privatizar los servicios públicos y precarizar las condiciones laborales.

La realidad es radicalmente distinta. En el Estado existen distintas condiciones contractuales que generan desorden, perjudican a los mismos funcionarios y, de paso, afectan la calidad de los servicios.

El Estatuto establece que existen los funcionarios de “Planta”, que gozan de los derechos reconocidos laboralmente y pueden ser removidos por razones fundadas mediante sumario o mala calificación (no son inamovibles, como se ha instalado falsamente). En segundo lugar, existen las personas a “Contrata”, que en teoría cumplen labores transitorias, por lo que sus contratos son anuales y no acumulan antigüedad. Estos funcionarios, por lo mismo, no tienen derecho a indemnización por años de servicio, como sí existe -al menos por ahora- en el sector privado.

Según el Informe Trimestral de Empleo en el Sector Público de la Dirección de Presupuestos, a marzo de 2026 el 54,7% del personal del gobierno central se desempeñaba a contrata, mientras que solo el 23,4% correspondía a cargos de planta. En la salud pública, la situación es aún más marcada, pues el 65,4% del personal es contrata.

Aún más debajo de las contratas están las formas de empleo precario que se extienden cada vez más: los honorarios, que no son considerados funcionarios y no tienen derechos laborales reconocidos, pese a cumplir las mismas funciones que sus colegas contratados. Y también las compras de servicio, donde se considera a la persona una empresa, sin tampoco reconocer derechos laborales. Tanto honorarios como compras de servicio se cuentan por miles cumpliendo funciones permanentes en el aparato público.

Por último, se ha instalado el mito de un Estado lleno de “operadores políticos”, comparando tramposamente a las y los funcionarios de a pie con aquellos que son parte de los gabinetes y equipos de las autoridades de turno. Los primeros se rigen por las estrictas normas de probidad y procesos de contratación, todo supervisado por la Contraloría General de la República. Los segundos son designados a dedo por las autoridades. Estos “funcionarios políticos” –cuya existencia debe ser revisada y aclarada- hoy constituyen una pequeña minoría del total de empleados por el Estado.

Entonces, el Estatuto Administrativo sí necesita reformarse. Necesitamos avanzar hacia una forma única de contratación, la implementación de una carrera funcionaria real que reconozca el mérito y asegure movilidad; implementar cambios a los sumarios administrativos y delimitar claramente la contratación de “funcionarios políticos”.

Para ello, la modernización del Estado debe hacerse en diálogo con los trabajadores, que somos quienes conocemos muy bien las falencias del actual sistema y tenemos mucho que decir en esta discusión. Debemos mejorar la eficiencia y la gestión apuntando a los nudos burocráticos que genera el mismo sistema, innovando en las formas y la administración. Pero eso no puede ser excusa para desfinanciar un Estado que históricamente ha sido motor del desarrollo del país.

Chile necesita enfrentar este debate para lograr más y mejores servicios públicos. Para avanzar en esa dirección, los trabajadores estamos disponibles.