La bancada de la UDI anunció que impulsará una reforma constitucional para restablecer la norma que impedía acceder a la gratuidad en la educación superior a estudiantes condenados por delitos graves, luego que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional dicha disposición contenida en la ley de “Escuelas Protegidas”.
La decisión del tribunal se conoció este martes y afectó a cuatro artículos del proyecto que fue despachado por el Congreso a comienzos de junio, iniciativa promovida por el Gobierno tras una serie de hechos de violencia escolar ocurridos en el país, entre ellos el homicidio de una inspectora en Calama presuntamente a manos de un estudiante.
La jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Weisse, junto a los integrantes de la comisión de Educación, los diputados Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, cuestionaron la resolución del TC y adelantaron que buscarán reponer la medida mediante una modificación a la Constitución.
La norma anulada establecía una inhabilidad de cinco años para acceder a la gratuidad a quienes fueran condenados por delitos graves contra la vida, la integridad física de las personas, la propiedad o la infraestructura pública.
Cuatro artículos fueron declarados inconstitucionales
La ley “Escuelas Protegidas” buscaba fortalecer la convivencia educativa y entregar nuevas herramientas a las comunidades escolares para enfrentar hechos de violencia.
Sin embargo, un grupo de parlamentarios de oposición recurrió al TC para impugnar diversas disposiciones de la iniciativa. Tras los alegatos realizados durante la jornada, el organismo resolvió declarar inconstitucionales cuatro normas.
Entre ellas, la posibilidad de solicitar la presencia de Carabineros o la PDI cuando un estudiante se negara a la revisión de sus pertenencias y sus apoderados no acudieran al establecimiento; la facultad de las policías para realizar dicho procedimiento sin orden de un fiscal; la prohibición de utilizar vestimentas o accesorios que hicieran apología de la violencia o de conductas delictuales; y la restricción para acceder a la gratuidad en la educación superior.
UDI buscará reponer la medida
Tras conocerse la resolución, los legisladores gremialistas señalaron que respetan el fallo, pero discrepan de sus fundamentos.
“Como Bancada UDI respetamos las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, pero en este caso no las compartimos, porque creemos que se pierde una enorme oportunidad para enviar una señal relevante en materia de responsabilidad y en el uso adecuado de los recursos públicos”, afirmaron.
Asimismo, sostuvieron que la gratuidad “no es un derecho, sino un beneficio financiado por todos los chilenos”, por lo que, a su juicio, debe estar asociada al cumplimiento de estándares mínimos de conducta.
Por ello, anunciaron que presentarán una reforma constitucional destinada a otorgar sustento jurídico a la medida y evitar futuras impugnaciones ante el TC.
“Si es necesario presentar una reforma constitucional para garantizar la aplicación de esta medida, así lo haremos como Bancada UDI”, indicaron.
Los parlamentarios agregaron que esperarán conocer el texto íntegro del fallo para revisar los argumentos del tribunal y elaborar una propuesta que permita reponer la restricción. “No es comprensible ni aceptable que quienes han cometido delitos graves puedan acceder, sin mayores restricciones, a los beneficios financiados por los chilenos”, concluyeron.
Enviando corrección, espere un momento...
