El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respondió a las acusaciones de la diputada Ana María Gazmuri (AH), quien anunció que evalúa presentar una denuncia por Ley Karin contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, a quien acusó de haberla “acosado” a través de mensajes privados en el contexto de la discusión por las demoliciones en el conjunto habitacional El Olivar, en Viña del Mar.
A través de una declaración pública, la cartera salió a desmentir a Gazmuri y calificó como “graves y sin fundamento” las acusaciones de la parlamentaria.
“Las acusaciones personales de acoso realizadas contra el ministro son graves y carecen de fundamento”, señala el escrito, subrayando que las diferencias entre ambas autoridades “han sido públicas y conocidas desde hace meses”, pero que aquello “no justifica falsas imputaciones de carácter personal”.
Las acusaciones de Gazmuri contra Poduje
La diputada Ana María Gazmuri había denunciado este lunes que el ministro Poduje le habría enviado reiterados mensajes por WhatsApp tras sus intervenciones en la Comisión de Vivienda de la Cámara, afirmando incluso que evaluaba acciones formales en su contra.
“El ministro me está acosando y eso es Ley Karin. Así que vamos a tomar las medidas correspondientes”, dijo la diputada, agregando que los mensajes habrían sido enviados “en términos que no corresponden” y que se trataría de una conducta de “matonaje” hacia su labor parlamentaria.
Fuentes consultadas por este medio ese mismo día indicaron que los intercambios de WhatsApp entre ambas autoridades estarían vinculados exclusivamente a materias técnicas del caso El Olivar, principalmente informes y documentos asociados al proceso de reconstrucción, sin mensajes de carácter personal o ajenos a la controversia.
El Olivar
En su respuesta, ahora el Minvu insistió en que las decisiones adoptadas respecto del proyecto habitacional El Olivar cuentan con respaldo técnico y no responden a criterios arbitrarios.
La cartera explicó que la determinación de demoler y reconstruir viviendas se basa en informes elaborados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del ministerio y posteriormente por el IDIEM de la Universidad de Chile.
Dichos informes, añadió el ministerio, detectaron “graves deficiencias constructivas”, entre ellas incumplimientos de normativa de resistencia al fuego, observaciones estructurales, uso de materiales sin certificación, inconsistencias entre proyectos aprobados y obras ejecutadas, además de otras fallas que comprometerían la seguridad de las familias.
Asimismo, el Minvu afirmó que es “falso” que las demoliciones se hayan realizado sin autorización de los propietarios. Según la cartera, cada vivienda intervenida cuenta con el consentimiento de sus dueños, quienes habrían sido informados de los antecedentes técnicos y de las alternativas disponibles. Solo seis viviendas, precisaron, no forman parte del proceso.
“El Ministerio tiene el deber legal y moral de garantizar que las viviendas que entregue el Estado cumplan plenamente con la normativa vigente”, cierra la declaración.
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