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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La oposición ha manifestado un rechazo unánime a los cobros de la Tesorería General de la República a deudores del CAE, presentando diversas mociones parlamentarias para detener esta estrategia respaldada por Hacienda. Por un lado, diputados del PC propusieron un proyecto para proteger la inembargabilidad de las remuneraciones, mientras que legisladores del PPD-Independientes buscan evitar que las deudas del CAE sean perseguidas bajo normativas tributarias, procurando que los cobros se realicen a través de los tribunales civiles. La controversia ha alcanzado incluso al Partido Nacional Libertario, cuya diputada criticó que los embargos amparados en la ley de cumplimiento tributario no defienden los intereses de la ciudadanía.

En la oposición, el rechazo a los cobros de la TGR a morosos del CAE ha sido transversal. Esta semana se han conocido mociones parlamentarias de distintos partidos para frenar esta estrategia impulsada por Hacienda.

Uno de los proyectos fue presentado por los diputados PC Daniela Serrano y Boris Barrera y busca asegurar que las remuneraciones mantengan su carácter de inembargables, aunque se encuentren depositadas en cuentas bancarias.

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Serrano señaló además que el proyecto fue derivado desde la Comisión de Trabajo a la Comisión de Educación y cuestionó que su solicitud se encuentra estancada por el oficialismo.

En paralelo, diputados de la bancada PPD-Independientes ingresaron una iniciativa que busca impedir que las deudas asociadas al CAE sean perseguidas mediante procedimientos contemplados en el Código Tributario, estableciendo que cualquier acción de cobro deba realizarse a través de los tribunales civiles.

El diputado Fernando Zamorano puntualizó que el objetivo es terminar con la disparidad de criterios que actualmente existe tanto en los procesos de cobranza como en las resoluciones judiciales sobre esta materia.

Los cobros encabezados por la TGR y Hacienda también ocasionaron resquemores en el Partido Nacional Libertario. La diputada Paulina Muñoz comentó que estos embargos amparados en la ley de cumplimiento tributario no protegen a la ciudadanía.

Distintas Cortes de Apelaciones del país han emitido fallos tanto a favor como en contra respecto a recursos de protección de los embargados.

Hasta ahora, la Corte Suprema no ha emitido un pronunciamiento de fondo que unifique criterios sobre la materia, por lo que los casos continúan resolviéndose de manera dispar.