Diputados de distintos partidos políticos presentaron un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por el uso ilegal de fuegos artificiales y fortalecer las facultades de fiscalización de los municipios.
La iniciativa, impulsada por los parlamentarios Claudia Mora (RN), Irací Hassler (PC), Mario Olavarría (UDI), César Valenzuela (PS), Támara Ramírez (PDG), Ximena Ossandón (RN) y Eduardo Durán (RN), propone modificar la Ley de Control de Armas para aumentar las penas aplicables a quienes comercialicen, distribuyan, porten o utilicen fuegos artificiales de manera ilegal.
Además, el proyecto contempla agravantes cuando estas conductas se cometan en las inmediaciones de establecimientos educacionales, centros de salud o durante velorios y funerales.
Al respecto, la diputada Claudia Mora (RN) señaló que el uso de estos artefactos dejó de ser una simple infracción y hoy se vincula con fenómenos de crimen organizado y control territorial.
“En numerosos sectores del país, el uso de los fuegos artificiales se ha transformado en una manifestación característica de la cultura narco, y es un instrumento utilizado por organizaciones para exhibir su poder y controlar territorios, desafiando así la presencia del Estado”, sostuvo.
Bajo esta misma línea, la diputada Irací Hassler (PC) destacó la importancia de reforzar la fiscalización para enfrentar esta problemática.
“Esperamos que esto pueda avanzar de manera transversal como se ha presentado, y que podamos con ello fortalecer la seguridad en nuestros barrios”, agregó la parlamentaria.
Por su parte, el diputado Mario Olavarría (UDI) manifestó su preocupación por la relación entre el uso de fuegos artificiales y el narcotráfico.
“Todos sabemos que hoy este problema está estrechamente ligado al narcotráfico, donde estos elementos se utilizan para exhibir poder y enviar señales entre bandas. Por eso proponemos aumentar las sanciones actuales y entregar mayores atribuciones a Carabineros, las fiscalías y los equipos municipales para combatir esta práctica de manera más efectiva”, afirmó.
Proyecto eleva penas y amplía facultades de fiscalización
La propuesta contempla aumentar las sanciones actualmente vigentes, elevando la pena desde presidio menor en su grado máximo —de 3 años y 1 día a 5 años— a presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y 1 día a 10 años.
Asimismo, incorpora una agravante especial para los casos en que los hechos ocurran en establecimientos educacionales, centros de salud o durante velorios y funerales, permitiendo que la sanción sea aplicada en su grado máximo.
Adicionalmente, el proyecto otorga nuevas atribuciones a los inspectores de seguridad municipal, facultándolos para fiscalizar infracciones, retener preventivamente fuegos artificiales y poner estos elementos a disposición de las policías.