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La atribución de 26.875 toneladas métricas finas de cobre fino, para inflar el ejercicio 2025 constituye uno de los hechos más graves que ha enfrentado Codelco en los últimos años. No estamos hablando de una diferencia estadística menor. Estamos frente a una situación que afectó indicadores de producción, cumplimiento de metas y que obligó a revisar incentivos variables por aproximadamente US$14,3 millones, y para qué decir el daño reputacional.
Junto a la diputada por Antofagasta, Marcela Hernando, hemos presentado una querella criminal para hacernos parte activa de la investigación y colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Creemos que los antecedentes conocidos justifican una investigación profunda para determinar todas las responsabilidades que correspondan y recuperar la confianza en una empresa que pertenece a todos los chilenos.
La gravedad del caso aumentó con la difusión de correos electrónicos institucionales que muestran las presiones existentes para alcanzar determinadas metas de producción al cierre de 2025. Los antecedentes conocidos dan cuenta de advertencias internas respecto de las cifras que podían respaldarse técnicamente y de gestiones destinadas a elevar esos resultados. Por eso resulta indispensable esclarecer cómo se adoptaron esas decisiones, quiénes participaron en ellas y qué efectos produjeron sobre los resultados reportados por la compañía.
Valoro que la investigación esté siendo dirigida por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, quien conoce el funcionamiento interno de la compañía producto de investigaciones anteriores. Lo ocurrido no puede quedar reducido a una corrección contable ni a una explicación administrativa. Estamos frente a una situación grave que debe investigarse hasta las últimas consecuencias.
Tal como lo he venido denunciando desde hace algunos años, Codelco enfrenta problemas estructurales que van mucho más allá de este episodio. La caída sostenida de la producción, el aumento de los costos, los retrasos en proyectos estructurales, el sobreendeudamiento y las dificultades de control han ido debilitando progresivamente a una empresa estratégica para Chile.
Durante años Codelco ha sido utilizada como una verdadera “vaca lechera” por distintos gobiernos. Mientras se le exigían enormes aportes para financiar al Estado, la empresa acumulaba deudas y postergaba inversiones fundamentales para sostener su capacidad productiva. Hace una década se proyectaban dos millones de toneladas de producción y hoy seguimos lejos de esa meta.
El problema se agrava porque Codelco es extraordinariamente difícil de fiscalizar de manera integral. Ni la Cámara de Diputados, ni Cochilco, ni otros organismos cuentan con herramientas suficientes para revisar en profundidad una estructura corporativa de esta magnitud. Por eso he insistido en la necesidad de una comisión de expertos nacionales e internacionales del mas alto nivel que audite la gestión desde los diversos ángulos de Codelco y que realice una revisión seria de su estructura corporativa, finanzas, productividad, dotación y contratos.
Lo ocurrido con las cifras de producción vuelve a poner sobre la mesa un riesgo que no debemos ignorar. El deterioro acumulado de la empresa alimenta a quienes ven en estas dificultades una oportunidad para impulsar fórmulas privatizadoras. Ese sería un profundo error.
Si efectivamente existieron pagos o beneficios obtenidos sobre la base de metas que no correspondían a la realidad, esos recursos deben ser restituidos. Los chilenos tienen derecho a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y a exigir que el patrimonio de una empresa estatal sea administrado con el máximo rigor.
Hay que rescatar Codelco, fortalecerla y modernizarla. Lo que está en discusión no es solamente una cifra de producción ni un bono mal calculado. Está en juego la confianza pública en una de las principales empresas del país. Precisamente por eso debemos corregir sus problemas y evitar que sus errores terminen transformándose en una excusa para quienes buscan privatizarla.
