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Cada 17 de junio, el mundo conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. En Chile, esta fecha no debería ser un recordatorio sino una oportunidad: la de preguntarse honestamente si en el último año algo cambió. Y si la respuesta es no, entender por qué.
Desde 2010, Chile atraviesa la megasequía más larga de la que se tenga registro, sin precedentes en mil años. Los ríos del centro del país perdieron más de la mitad de su caudal durante años consecutivos; la agricultura acumuló pérdidas de 150 millones de dólares anuales y 2,4 millones de personas en zonas rurales enfrentaron cortes crónicos de agua potable, obligando al Estado a gastar 250 millones de dólares en camiones aljibe.
Pero el impacto va mucho más allá de lo económico: la crisis profundizó las desigualdades, generó emigración rural y conflictos por el agua, con los costos recayendo desproporcionadamente sobre las comunidades más vulnerables. Lo que comenzó como un problema hidrológico se convirtió en una crisis multidimensional.
Y lo más urgente: la sequía ya no es un episodio pasajero, sino una condición estructural del clima, cada vez más frecuente, más intensa y más prolongada. No es algo que se sufre y se olvida. Es una realidad que exige anticipación, decisión y acción.
El libro Sequías en Chile: Impacto, monitoreo y políticas de gestión, elaborado por más de cuarenta autores y publicado por Ediciones UC y Springer Nature, lo documenta con precisión. Durante décadas la sequía se ha gestionado como una catástrofe puntual. Ese enfoque de crisis es reactivo, ya que actúa cuando el daño ya es visible.
La gestión de riesgos invierte la lógica y se prepara antes de que ocurra, mediante planificación anticipada, alerta temprana vinculada a umbrales, gestión de la demanda, instrumentos económicos y la participación de los usuarios. La diferencia es grande porque uno improvisa y reparte ayudas tras el daño, mientras que el otro sigue un protocolo conocido e invierte en evitarlo. La transición entre ambos no es automática ni solo técnica, sino que exige voluntad política sostenida.
En el Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC presentamos ante la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados un diagnóstico claro: Chile no tiene seguridad hídrica. Los números hacen esa brecha difícil de ignorar: mientras el agua potable llega al 99,95% de las zonas urbanas concesionadas, en las zonas rurales dispersas la cobertura cae al 57%, y el saneamiento rural apenas alcanza el 27%. Más de 2,2 millones de personas viven en sistemas rurales de agua sin solución formal.
Pero no se trata solo de disponibilidad hídrica: también es el resultado de decisiones postergadas y de una forma de gestionar el agua que Chile no ha logrado superar: la del parche y la emergencia.
Para avanzar hacia la seguridad hídrica, propusimos medidas en cuatro ejes:
En gobernanza e institucionalidad, planteamos una reforma profunda orientada a crear una Autoridad Nacional del Agua, cuyo primer paso concreto es la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos.
En agua potable y saneamiento rural, el foco está en ampliar la cobertura y mejorar la gestión de los sistemas rurales.
En fuentes hídricas complementarias, propusimos regular el reúso de aguas residuales e implementar la Ley de Desalinización.
Y en protección ecosistémica, unificar las normas sobre caudales ecológicos y fortalecer la protección de los humedales.
Chile tiene las bases legales para avanzar hacia la seguridad hídrica, pero sin reformas institucionales profundas, mayor financiamiento y una gestión integrada por cuencas, el país seguirá expuesto a una inseguridad hídrica que no es solo una crisis ambiental: es una crisis de salud, de alimentación, de ecosistemas y de desarrollo. Sin agua, no hay vida posible.
El próximo 17 de junio, la pregunta debería ser otra: ¿qué hicimos este año para que la respuesta fuera distinta? Ya es hora de pasar del análisis y los diagnósticos a la acción.
Guillermo Donoso
Director, Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC
